Jesús María Barrientos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) optará a ocupar una de las tres plazas libres en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se trata de la Sala que juzgará a Carles Puigdemont -si Alemania acepta finalmente entregarlo al España por los delitos de rebelión y/o sedición- y al resto de su gobierno por su responsabilidad en la organización del referéndum del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia.

En la trayectoria de este magistrado pesa su defensa a ultranza porque se respete la legalidad constitucional en Cataluña; una idea que ha estado presente a lo largo de todo su mandato al frente del tribunal superior de dicha autonomía. De hecho, el pasado 23 de febrero, un acto solemne en el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), se levantó de su asiento y plantó al presidente del Parlament, Roger Torrent, después de que este hablara de presos políticos en su discurso.

El BOE ha publicado la salida de tres plazas libres del TS para cubrir las vacantes provocadas por la defunción de José Manuel Maza, su sustitución por el fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar y el traslado de Cándido Conde Pumpido al Tribunal Constitucional. Barrientos opta a una plaza de especialista para la que sólo tienen cualificación 33 magistrados españoles, de los que 28 han presentado su candidatura. Sin embargo, el actual presidente del TSJC es el único que lo hace proveniente de Cataluña. Los otros candidatos proceden de Madrid, Extremadura, Andalucía y Canarias.

Dichas plazas corresponden al turno de especialistas, que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reserva –según lo establecido en la letra a) de su artículo 344- a los magistrados “que hubieren accedido a la categoría mediante las correspondientes pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal o que las superen ostentando esta categoría”. No obstante, en la convocatoria de esta tres plazas anunciadas podrán participar tanto los magistrados que se encuentren en esa situación como los que hayan prestado diez años de servicios en órganos especializados en el orden jurisdiccional penal.

El magistrado que condenó a Mas

Barrientos ha anunciado su candidatura este mediodía a la Sala de Gobierno del TSJC y ha explicado su decisión «por responsabilidad» y porque, según fuentes próximas al magistrado, es una oportunidad que no puede dejar pasar. La decisión sobre los nuevos miembros del Supremo debe conocerse en un plazo inferior a dos meses, de modo que el relevo afectará de pleno al juicio sobre el 1-O.

Como presidente del Superior de Justicia de Cataluña Jesús Barrientos presidió el tribunal que juzgó al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la organización de la consulta del 9-N. Un juicio durante el cual el magistrado ya tuvo que llamar la atención en varias ocasiones al ex presidente catalán, al que llamó al orden en su alegato final por dirigir preguntas improcedentes al tribunal.

La Sala presidida por Barrientos condenó a Mas a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional al convocar la consulta del 9-N, y a un año y nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau.

La Sala que juzgará el 1-O

A fecha de hoy, la Sala Segunda del Supremo, encargada de juzgar a la cúpula independentista del ‘procés’ entre otros asuntos, solo cuenta con doce magistrados –tres de ellos especialistas-, a lo que hay que añadir que el pasado 1 de octubre cesaron los cuatro magistrados eméritos que desempeñaban allí su función jurisdiccional.

La disminución en el número de magistrados y la consiguiente necesidad de cubrir las vacantes fue puesta de manifiesto por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, en un escrito dirigido al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, del que la Comisión Permanente tomó conocimiento el pasado 26 de abril.

Esta situación ha coincidido, además, con un incremento del 15 por ciento del número de asuntos ingresados en los dos últimos años. En ese periodo de tiempo también ha aumentado un 38 por ciento la cifra de asuntos pendientes y un 32 por ciento las causas en trámite contra aforados.