Defensas del 'procés' buscarán un pacto con Fiscalía si suaviza su acusación

Comienzan los movimientos en el banquillo de los acusados del ‘procés’ después de que los líderes independentistas vean cada vez más cerca el momento de ser juzgados por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia en el Tribunal Supremo.

De ahí, que algunos de los abogados de los principales procesados barajen ya un acercamiento a la Fiscalía con el objetivo de tratar de alcanzar un pacto que les permita eludir una condena de prisión por el delito más grave, la rebelión, penada con hasta treinta años de prisión.

La baza que van a jugar estas defensas -que prefieren mantenerse anónimas “porque sino el pacto se frustrará”- es el cambio de fiscal general del Estado, con la fiscal progresista María José Segarra como cabeza visible de la institución que debe decidir en las próximas semanas si acusa por rebelión, sedición, conspiración a la rebelión o desobediencia a la ex cúpula del Govern que declaró de forma unilateral la independencia de Cataluña el pasado mes de octubre.

El cambio de Gobierno, con el consiguiente futuro acercamiento de los presos a Cataluña, ha sido entendido por algunos letrados como unos “nuevos tiempos” que le permitirán negociar una posible rebaja de la acusación con el Ministerio Público.

Según ha podido conocer El Independiente de fuentes de toda solvencia, esta circunstancia ha causado ya incluso malestar entre algunas de las defensas que ven como una “traición” que haya abogados -que representan a algunos de los presos preventivos- que hayan empezado a ‘moverse’ discretamente para buscar esa hipotética rebaja de condena.

Sin embargo, hay presos -como el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras- que no están dispuestos a “pactar nada” aunque cada vez se muestren más alejados de la vía unilateral y más convencidos de que la “solución al conflicto” pasa por una reforma constitucional consensuada, apuntan fuentes cercanas al ex número dos del Govern.

Acusación por rebelión

Igualmente, fuentes jurídicas consultadas por este medio reconocen que, aunque todavía no ha habido ningún acercamiento directo con el Ministerio Público, son conscientes de que está habiendo movimientos en esa dirección en el banquillo de los acusados.

Sin embargo, los fiscales del ‘procés’ tienen claro en estos momentos que su acusación –aunque pueda ser alternativa- incluirá el delito de rebelión y que si su nueva jefa les obliga a rebajar la misma se podrá enfrentar a la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala para analizar dicha orden.

La idea inicial de los fiscales es elaborar un borrador del escrito de acusación y dar cuentas del mismo a su superior jerárquica. Por su parte, Segarra ya ha señalado en algún foro público que fomentará el trabajo en equipo en la Fiscalía, que los asuntos relacionados con Cataluña ocupará un "lugar prioritario" en su agenda y que existen mecanismos previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para mostrar las discrepancias con las órdenes dadas por los fiscales jefes. "El principio de legalidad regirá de la misma forma que en cualquiera de los procedimientos que se siguen", sostuvo -en referencia al 'procés'- Segarra la semana pasada en el Congreso.

Por otro lado, las fuentes del Ministerio Público consultadas explican que en estos momentos la instrucción ha revelado indicios de la comisión clara de un delito de rebelión por lo que cualquier pacto que pretendan alcanzar las defensas de los líderes independentistas será, a priori, "muy complicado" a no ser que lo intenten aquellos procesados que sólo han sido acusados por un delito de desobediencia como es el caso de los acusados Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, entre otros.