El pleno del Parlament debatirá el próximo miércoles la moción de la CUP que reivindica la Resolución del 9N de 2015 que dio inicio al proceso independentista, una resolución que fue anulada por el Tribunal Constitucional y que está en el origen de las acusaciones por desobediencia contra Carme Forcadell y la anterior Mesa de la Cámara. Se trata del texto que comprometía a la mayoría soberanista a conseguir la independencia en 18 meses. JxCat y ERC, sin embargo, han anunciado enmiendas a la moción que para suavizar el texto, eliminado las alusiones directas a la Resolución del 9N.

El texto propuesto por la CUP asegura que el Parlament “ratifica su firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por este Parlament para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña” y por ello reitera los objetivos de la Resolución 1/XI, del 9 de novembre, sobre el inicio del proceso político en Cataluña.

Además, insta al Govern de Quim Torra a “hacer efectivo” el contenido de los artículos de las diez leyes suspendidas parcialmente por el Tribunal Constitucional durante la pasada legislatura, y presentar el plan para llevar a cabo esa recuperación en un plazo máximo de noventa días. Se trata de un nuevo órdago de los antisistema para forzar a los dos grandes partidos independentistas a desobedecer al Tribunal Constitucional, una línea roja que ERC y PDeCat aseguran no estar dispuestos a cruzar.

La Mesa desoye las advertencias de la oposición

Sin embargo, la Mesa del Parlament que preside Roger Torrent se ha situado hoy a un paso de esa desobediencia, al confirmar la admisión a trámite la moción decidida la semana pasada, rechazando las peticiones de reconsideración de C's, PSC y PP. Los cuatro miembros del bloque independentista liderados por Torrent han argumentado que, pese a las "dudas legales" no pueden ejercer la censura previa a un debate en el Pleno, un argumento similar al que en su día utilizó Forcadell para admitir debates derivados de esta resolución en el Pleno.

La exposición motivada defendida por el vicepresidente segundo de la Cámara, Josep Costa, (JxCat) concluye que con el fin de la legislatura anterior decae la Resolucion 11/2015 y por tanto también la sentencia del Tribunal Constitucional que la anulaba, según han explicado a El Independiente fuentes parlamentarias.

Sin embargo, tanto los naranjas José María Espejo-Saavedra y Joan García, como el socialista David Pérez, han denunciado una decisión que consideran una ilegalidad manifiesta y han amenazado con acudir al Tribunal Constitucional para anular la decisión de la Mesa. En el mismo sentido se ha expresado el PP catalán, que ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe para que la moción sea anulada por el Tribunal Constitucional.

En la anterior legislatura, los tres partidos constitucionalistas presentaron varios recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por decisiones similares adoptadas bajo la presidencia de Carme Forcadell, que el Alto Tribunal acabó fallando a favor de los tres partidos reclamantes.