La CUP no está dispuesta a volver dócilmente al autonomismo, lo ha advertido desde su abstención en la investidura de Quim Torra y lo ha vuelto a demostrar hoy con la presentación de una moción en la que reivindica la vigencia de la Resolución del 9N de 2015, en la que la CUP y JxSi fijaron la hoja de ruta para proclamar la independencia de Cataluña en 18 meses. Un texto que fue anulado por el Tribunal Constitucional, cuyas propuestas derivadas, aceptadas por Carme Forcadell pese a las advertencias del TC, están en el origen de las acusaciones por desobediencia contra la anterior presidenta de la Cámara catalana.

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El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha presentado la moción, que se debatirá en el próximo pleno, como «una respuesta a la emergencia de las clases populares catalanas» argumentando que reivindica también las leyes sociales anuladas por el Constitucional a petición del Gobierno. «No es posible que el Constitucional limite cualquier iniciativa legislativa del Parlament» ha argumentado Aragonés para apelar «no solo a JxCat y ERC, sino también a Podemos» a dar su apoyo al texto.

Aragonés ha dejado claro, sin embargo, quienes son los principales destinatarios de la iniciativa: «no será posible un proceso de independencia si nos aquietamos ante el TC» ha señalado con la vista puesta en el ejecutivo independentista de JxCat y ERC, partidos a los que ha recordado que el 9N de 2015 «dijeron que entre el Parlament y el Constitucional, apostaban por el Parlament».

La admisión en la Mesa ha conllevado una nueva advertencia de los letrados del Parlament y la amenaza de C’s y PSC de llevarla ante el Tribunal Constitucional

La admisión a trámite de la moción de la CUP ha sido polémica ya en su admisión a trámite por parte de la Mesa del Parlament, nuevamente dividida entre independentistas y constitucionalistas. Con una salvedad, la ausencia del vicepresidente a propuesta de JxCat, Josep Costa, ha dado como resultado un empate a tres en la votación que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, ha deshecho con su voto de calidad pese a las advertencias de los letrados.

El letrado mayor ha advertido a Torrent que con la admisión «se está contraviniendo una resolución» del Tribunal Constitucional. Una advertencia a la que se han sumado los representantes de C’s y PSC en el órgano de gobierno de la Cámara pidiendo la reconsideración de la aceptación. Ambos partidos han avisado además de que se plantearán otras medidas -básicamente recurrir la resolución ante el TC- si el Parlament sigue adelante con su tramitación.

Incomodidad de JxCat y ERC

La propuesta de la CUP también incomoda a JxCat y ERC, especialmente a estos últimos, que se han propuesto esta legislatura no incurrir en gesticulaciones que puedan llevar a nuevos políticos ante la justicia. Sin embargo, ni Gemma Geis (JxCat) y Anna Caula (ERC) se han atrevido a rechazar la moción.

Ambas portavoces se han felicitado por su admisión a trámite y han defendido la oportunidad de llevar ese debate al Pleno. Pero han dejado claro que sus grupos estudiarán ahora enmiendas para «llegar a un consenso» que les permita votar a favor del texto del grupo antisistema.

«Hoy se trataba de la admisión a trámite» ha defendido Geis, para quien no hubiera sido admisible «entrar en el marco mental de la represión» rechazando la propuesta por temor a incurrir en desobediencia al Constitucional. «Ahora trabajaremos la moción, haremos enmiendas y será objeto de negociación» con la CUP, para consensuar el texto que finalmente se vote en el Pleno.

La republicana Caula ha advertido, sin embargo, que «han pasado muchas cosas desde 2015, debemos analizar dónde estamos y a dónde queremos llegar, y a partir de ahí presentaremos enmiendas al texto», distanciándose así de las exigencias de la CUP.

El texto propuesto por los antisistema asegura que el Parlament «ratifica su firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por este Parlament para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña» y por ello reitera los objetivos de la Resolución 1/XI, del 9 de novembre, sobre el inicio del proceso político en Cataluña.

Además, insta al Govern de Quim Torra a «hacer efectivo» el contenido de los artículos de las diez leyes suspendidas parcialmente por el Tribunal Constitucional durante la pasada legislatura, y presentar el plan para llevar a cabo esa recuperación en un plazo máximo de noventa días.