La ley tiene una amenaza y una promesa. La primera la puso el Gobierno del PP y la segunda el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ley vasca de abusos policiales sobre la que pesa la interposición ante el Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad sobre varios de sus preceptos cuenta también con el compromiso del PSOE de procurar su retirada. Una medida que desde el Ejecutivo de Iñigo Urkullu se da ya por descontada y que le ha llevado a plantear la constitución hoy mismo de la comisión de valoración que prevé la norma y que deberá determinar y acreditar posibles casos de torturas y abusos por parte de los cuerpos policiales.

El Ejecutivo vasco no ha querido esperar a que se pueda formalizar el “desestimiento” que reclama a Sánchez para no recurrir los preceptos que el TC dejó en suspenso de modo cautelar a la espera de que se completara el recurso y que afecta a una decena de artículos. Para tramitar ese posible desestimiento del nuevo Gobierno de España, el Ejecutivo de Urkullu incluso le ha remitido el argumentario judicial que puede emplear para tramitarlo. Fundamentalmente, las razones que Euskadi insta a Sánchez a esgrimir ante el TC se basan en demostrar que la comisión de valoración que hoy se constituye no pretende”suplantar” a los tribunales de Justicia en el reconocimiento de posibles casos de tortura o abuso policial.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha recordado hoy que la comisión, constituida por una decena de expertos -y otros tantos suplentes- que ya fueron nombrados el pasado 12 junio, ha señalado que se puede conformar. Se crea pese a que aún no se ha retirado la intención del Gobierno de recurrir definitivamente ante el TC. Erkoreka ha recordado que lo que se constituye es un “órgano administrativo” que en ningún caso aspira a suplantar el papel que la Constitución otorga al poder judicial. Esta comisión de valoración comenzará a trabajar en aquellos aspectos que han quedado fuera de la suspensión cautelar dictada por el TC de los artículos de la ley 12/2016 de Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, en el contexto de motivación política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999. Erkoreka ha señalado que su constitución no está limitada y comenzará a trabajar “en lo que pueda.

Una decena de expertos

Precisamente la retirada de los recursos que tenía interpuestos el Gobierno del PP contra normas vascas, como la relativa a la Ley de Abusos Policiales y otras, o el compromiso para avanzar en la transferencia de competencias a Euskadi, son dos de los campos en los que los dos Ejecutivos han comenzado a trabajar. Erkoreka ha reconocido que esta semana se ha comenzado a cruzar información y documentación en aras a la constitución de sendas comisiones bilaterales entre los dos Gobiernos para iniciar la negociación que permita reconducir posibles recursos ante el TC y por otro lado dar pasos en el cumplimiento del Estatuto de Gernika. En este punto también se ha empezado a hablar y cruzar información en lo relativo a la política penitenciaria.

La comisión de valoración de abusos policiales que hoy se constituye por primera vez esta compuesta por una decena de personas. Presidida por la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Mónica Hernando, contará con juristas especializados, psicólogos o expertos forenses como Francisco Etxebarria. A ellos corresponderá, si finalmente el Gobierno no recurre la norma y el TC no adopta medidas, evaluar posibles denuncias de abusos policiales. El forense Francisco Etxebarria presentó hace unos meses el informe de posibles abusos policiales encargado por el gobierno vasco y que cifró en 4.113 los posibles casos de torturas o abusos practicados por distintos cuerpos policiales desde el franquismo hasta la actualidad.

El PP había cuestionado que fuera una comisión administrativa, sin necesidad de sentencias judiciales o de disponer de informes policiales que lo acrediten, la encargada de dar por demostrado un caso de abuso ejercido por agentes policiales. Desde la delegación del Gobierno en Euskadi se apremió a los dos Gobiernos a acelerar el proceso y poder encontrar una solución este mismo mes de julio en beneficio de las posibles víctimas y su reparación.

El posible desestimiento por parte del Gobierno contra algunos artículos de la ley vasca de abusos policiales provocó ayer un duro rechazo por parte de los principales sindicatos y organizaciones de la Policía y la Guardia Civil, así como del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País vasco (Covite) que calificaron de “severo ataque” al Estado de Derecho que se pueda dejar en manos de una comisión administrativa como la que prevé la norma la posible determinación de casos de tortura o abuso policial.