El malestar es profundo. Lo han expresado en un comunicado seis sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil, junto al Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, (COVITE) en el que exigen al ministro del Interior que evite lo que consideran es un “ataque severo al Estado de derecho” y que podría perpetrar su propio Gobierno. Las organizaciones sindicales y de víctimas han reaccionado al anuncio hecho desde el Ejecutivo para revertir el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno del PP hace un años contra la llamada Ley vasca de Abusos Policiales, aprobada por la Cámara vasca en julio de 2016, que prevé el reconocimiento y reparación de las víctimas de excesos cometidos por distintos cuerpos policiales en Euskadi durante el periodo que va de 1978 a 1999. Una norma que incluso establece un baremo de reparaciones económicas a las víctimas.

Un recurso cuya presentación de recurso ante el Tribunal Constitucional estaba pendiente de culminar y que tras el cambio de Gobierno el Ejecutivo del PSOE ha decidido reconsiderar. El pasado día 4, tras reunirse con el lehendakari Iñigo Urkullu, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, aseguró que en esta cuestión “el tiempo nos apremia un poco” y aseguró que este mismo mes debería quedar resuelta la cuestión. La fórmula en la que se trabaja pasaría por introducir pequeñas modificaciones en la ley 12/2016 de 28 de julio de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999. Ajustes que matizarían tanto la exigencia hecha por el Ejecutivo del PP, que aseguraba que sólo una instancia judicial o policial debería evaluar y dar por acreditado un caso de abuso policial, como el propósito inicial del Gobierno vasco de dejarlo todo en manos de una comisión de evaluación que él controlaría.

Por el momento, y antes de que se haya procedido a retirar el recurso, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ya ha designado a la decena de integrantes -y sus respectivos suplentes- de esa comisión de evaluación. El Secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, ha firmado el nombramiento de los expertos. Son los que deberán evaluar todas las denuncias de abusos policiales y posibles torturas que se presenten para decidir si merecen ser reconocidas como tales y por tanto tienen derecho a algún tipo de reparación. Entre los seleccionados figuran juristas, peritos forenses, psicólogos o historiadores. Destaca Francisco Etxebarria, el forense en el que el Gobierno Vasco se ha apoyado para impulsar esta ley de abusos policiales.

“Deslizar” que fueron una ‘organización criminal’

Son precisamente los artículos referidos a la conformación de esta comisión los que fueron cuestionados ante el TC por el PP. Los sindicatos de la policía firmantes (SUP, UFP, CEP y SPP) y de la Guardia Civil (AUGC y ASIGC) recuerdan al ministro Grande Marlaska que en su condición de juez debe ser consciente de que dejar fuera del control del Tribunal Constitucional una ley de estas características, aprobada por una cámara autonómica, es un ataque “severo” al Estado de Derecho. Le urgen a facilitar que el TC se pueda pronunciar sobre la constitucionalidad o no de los artículos cuestionados. Añaden que la pretensión del Gobierno vasco es que no se controle su potestad normativa y se le deje vía libre para decidir “quién es víctima de abuso policiales y quién no lo es”. Subrayan que lo que plantea la ley vasca es que sea un tribunal administrativo “fuera de la ley” el que otorgue un reconocimiento oficial “a supuestas víctimas de abusos policiales”.

Aseguran que en ningún caso pretenden que queden sin castigo posibles casos de tortura, “un crimen deleznable”, aseguran, y ante el que el Gobierno debería poner “sus esfuerzos para impedir”. Insisten en que no se deben “ocultar los abusos de poder del Estado” ni los posibles delitos cometidos pero sí que se pretenda “deslizar” que en el periodo analizado las Fuerzas de Seguridad hubieran actuado “como una organización criminal cuyos miembros eran incitados a cometer crímenes”.

Los seis sindicatos de la Policía y la Guardia Civil recuerdan que el Gobierno vasco ya firmó un informe en el que bajo la investigación del Instituto vasco de Criminología se concluía que entre 1969 y 2014 se produjeron 4.113 posibles casos de tortura, pese a que sólo 202 de ellos habían sido investigados. Un informe basado únicamente en denuncias y declaraciones o en muchos casos “sin siquiera tener la declaración de los propios interesados”, recuerdan: “Se quiso dar por acreditada la perpetración de un delito tan grave como la tortura por parte de funcionarios policiales al margen de una investigación rigurosa, contrastada e imparcial, es muy grave”.

Por último, alertan del intento por parte del Gobierno vasco de aspirar a reforzar “un relato falseado del pasado” con el reconocimiento de torturas para dar así por acreditada “la teoría del conflicto” y permitir el “blanqueamiento de la actividad terrorista de ETA”.