Uno a uno, el Gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a deshacer los nudos que dejó pendientes de resolver el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En el caso del País Vasco los primeros movimientos son evidentes. Tras el desbloqueo próximo que ayer anunció el portavoz del Ejecutivo vasco sobre el recurso que interpuesto contra los presupuestos de Urkullu -y que congelaban el incremento del 2,3% previsto para los funcionarios vascos-, hoy ha trascendido que los pasos irán en la misma dirección con otra de las cuestiones mas delicadas: el recurso contra la ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento Vasco en julio de 2016. La norma fue respaldada con los votos de PNV y PSE.

El lehendakari Iñigo Urkullu y el nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesus Loza han mantenido hoy su primer encuentro oficial. En la cita, de apenas 45 minutos, ambos mandatarios han analizado varios aspectos como los recursos pendientes contra normas vascas, la situación de los migrantes que llegan al País Vasco, la política penitenciaria y la ley de víctimas de abusos policiales.

Ha sido precisamente esta última cuestión a la que más se ha referido Loza a la salida del encuentro. El delegado de Sánchez en Euskadi se ha comprometido a buscar una salida para desbloquear la situación de impasse en la que se encuentra, pendiente del recurso de inconstitucionalidad sobre una docena de artículos de la norma que anunció el PP. Loza ha señalado que «el tiempo nos aprieta un poco» para poder encontrar una solución. En este sentido ha afirmado que mientras no se reconduzca la situación de la ley las únicas afectadas serán las víctimas «que no podrán ser reconocidas ni recompensadas».

La citada ley que pretende reconocer a posibles víctimas de excesos policiales establece la conformación de una comisión de evaluación que sería la que determinaría en qué casos se puede reconocer la condición de víctima de abuso policial y por tanto ser merecedor de algún tipo de compensación. El PP consideró que para que alguién pudiera adquirir ese tipo de reconocimiento debería mediar una sentencia judicial o al menos informes policiales que pudieran avalar el caso de abuso.

Ahora, Loza y Urkullu confían en que se puedan encontrar pequeños ajustes que permitan la retirada del recurso. La fórmula que se trabajaría sería una vía intermedia entre los límites que exigio el PP y el deseo plasmado inicialmente por el Gobierno vasco en su ley. Loza ha anunciado hoy que su pretensión es que la cuestión pueda quedar encarrilada este mismo mes.