La decisión de la Justicia alemana de entregar a Carles Puigdemont a España es una derrota para el magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido la causa del procés, por cuanto es el delito menos penado de los tres por los que reclamaba al ex presidente de la Generalitat de Cataluña. La gran pregunta es: ¿Y ahora qué?

La duda que se plantea es si el juez Pablo Llarena renunciará a la entrega de Puigdemont, a fin de evitar la paradoja de que el ex jefe del Ejecutivo catalán sea enjuiciado por delitos menos graves que otros consejeros con menor responsabilidad en los hechos investigados. Éstas son las claves del nuevo escenario que se abre a raíz de la decisión adoptada por la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein y conocida este jueves.

  • ¿Por qué delito entrega Alemania a Carles Puigdemont? Tan sólo para que responde por un delito de malversación, que se habría cometido presuntamente por el desvío de fondos públicos para gastos relacionados con la convocatoria del referéndum ilegal de autodeterminación del pasado 1-O. En virtud de la euroorden tramitada tras la detención de Puigdemont el pasado mes de marzo en Schuby (Alemania), Llarena reclamaba a la Justicia alemana que le entregara al ex president para poder sentarlo en el banquillo de los acusados como autor de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Se entiende la euforia que la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein ha causado entre los independentistas, por cuanto sólo podría ser juzgado en España por el delito menos penado. Mientras que la rebelión está penada con hasta 30 años de prisión, la condena más dura por malversación -con circunstancias agravantes- alcanza los ocho años de prisión y los 20 de inhabilitación.
  • ¿Por qué la entrega no se produce por rebelión? A falta de un análisis pormenorizado de la resolución, los magistrados germanos han debido de considerar que el delito de rebelión no tiene correspondencia en este país europeo. En su artículo 473.1, el Código Penal español impone cárcel de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo plazo a “los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta”. Cuando se redactó este delito contra la Constitución se previeron varios supuestos agravados, como esgrimir armas, causar estragos en propiedades de titularidad pública o privada, o desviar fondos públicos de su “legítima inversión”. En alguno de estos casos la pena puede alcanzar los 30 años, la misma a la que el Tribunal Supremo condenó en 1983 al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero como autor de un delito de rebelión militar consumado por el golpe de Estado del 23-F.
  • ¿Y el delito de sedición? Llarena consideraba que, si no por rebelión, los hechos por los que ha investigado al anterior Gobierno catalán encajaban en el delito de sedición, también duramente castigado en España. En su artículo 544, el Código Penal  describe a los sediciosos como aquellos que “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”, alcanzando la pena -en el caso de las autoridades- los 15 años de prisión. Que no apreciaran encaje con los delitos de rebelión o sedición ya llevó a Llarena a renunciar la entrega de Puigdemont por parte de Bélgica, país en el que se instaló a finales de octubre para sustraerse a la acción de la Justicia española. El juez quería evitar que el presidente fuera juzgado por delitos menos graves que algunos consejeros, que se sentarán en el banquillo de los acusados por rebelión.
  • ¿En qué situación queda ahora Carles Puigdemont? El ex presidente catalán seguirá en libertad en Alemania a la espera de que Llarena mueva ficha. Si el instructor del Tribunal Supremo no renuncia a la entrega por malversación de caudales públicos, Puigdemont será trasladado en los próximos días a España, donde inmediatamente sería ingresado en prisión preventiva a la espera de que se celebre el juicio el próximo otoño. No obstante, lo más probable es que el instructor mantenga activada la euroorden, lo que permitiría la detención del ex president en caso de salir de Alemania.