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‘Guerra’ entre Villar Mir y el juez de Lezo: García Castellón se defiende ante el Colegio de Abogados

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‘Guerra’ entre Villar Mir y el juez de Lezo: García Castellón se defiende ante el Colegio de Abogados
Manuel García-Castellón, en una fotografía de archivo en el año 2006.

Manuel García-Castellón, en una fotografía de archivo en el año 2006. EFE

Resumen:

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, mueve ficha ante las acusaciones vertidas por la defensa del empresario Juan Miguel Villar Mir, quien sostiene que se le interceptaron las conversaciones con su cliente de forma “ilegal” en el marco del caso Lezo.

Después de que el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) decidiera amparar al letrado del dueño de OHL, y emitiera en las últimas horas un duro comunicado cuestionando la actuación de García Castellón, ahora el instructor ha enviado un informe al citado órgano en el que explica punto por punto las decisiones que adoptó cuanto intervino –por petición de la Guardia Civil y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción– las líneas telefónicas de Villar Mir.

El juez de Lezo intervino el teléfono de Villar a instancias de la UCO y con el visto bueno de Anticorrupción

En el citado documento, el juez del caso Lezo explica que, cuando se interceptaron las comunicaciones del empresario imputado (no de su abogado), la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió de forma casual que Villar Mir -en una conversación con su letrado- quería fabricar un informe médico para evitar comparecer en la Audiencia Nacional.

Así que el instructor decidió deducir testimonio y remitir dichas actuaciones a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla ante la posible comisión de un delito de falsedad documental. En un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, Manuel García Castellón explica que, tal y como establece el artículo 118.4 de la Ley de Enjuciamiento Criminal, todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tienen “carácter confidencial” salvo cuando “se constate la existencia de indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado o de su implicación junto con el investigado o encausado en la comisión de otra infracción penal”.

Fabricar un informe médico

En este sentido, el instructor de Lezo explica que, “analizando las conversaciones telefónicas mantenidas entre Juan Miguel Villar Mir, su médico Luis Abreu y su letrado Carlos Domíguez, puede deducirse de forma meridiana la elaboración o confección por parte del letrado defensor de una estrategia para eludir la citación judicial y, por parte del médico actuante, la posible comisión de un delito de falsedad documental al elaborar un certificado médico al criterio y elección de Juan Miguel Villar Mir, llegando este último a indicar expresamente el médico actuante que dicho certificado médico tenía como finalidad eludir un mandato judicial, pues así se lo expresa Juan Miguel Villar, todo según instrucciones de su letrado”. Finalmente, estos hechos no fueron calificados como delito alguno al archivar la juez de Madrid, sobre la que recayó el caso, las citadas diligencias.

Además, el togado argumenta en el informe remitido al Colegio de Abogados de Madrid que la Sala Penal de la Audiencia Nacional avaló que se rechazase la destrucción de forma íntegra de los pinchazos telefónicos interceptados entre abogado y cliente, habiendo posteriormente dictado una providencia el tribunal a través de la que se desestimó el incidente de nulidad planteado por la defensa de Villar Mir.

Sin embargo, desde el equipo jurídico del empresario se acusa al juez de tener sobre su mesa “desde hace tres meses, sin resolver, la petición de nulidad de dichas escuchas”. Además, argumentan que existen otros pinchazos interceptados entre cliente y abogado que no han sido destruidos en la actualidad y que fueron sometidos a análisis policial; una práctica, a priori, prohibida.

“Criminalizar a un abogado”

Por su parte, el ICAM emitió este miércoles un nuevo comunicado en defensa del abogado del empresario en el que sostiene que “pretender criminalizar la actuación de un letrado, a la vista de las circunstancias concurrentes, podría apuntar a un intento de coartar la defensa activa llevada a cabo por el citado colegiado en la causa, cuando no de legitimar o convalidar lo injustificable: someter a escuchas y análisis policial casi once horas de conversaciones confidenciales letrado-cliente”.

De la misma forma, desde el Colegio de Abogados se destaca que “la naturaleza de las escuchas” del caso Lezo “ha provocado la negativa de clientes a mantener con él conversaciones telefónicas, ante la perspectiva de que las mismas no podían desarrollarse en el marco de la confidencialidad legalmente exigible y ante la inexistencia de garantías para poder expresarse en ellas con la libertad y confianza normales”.

Está previsto que el decano del ICAM, José María Alonso, acuda este jueves a las 12 horas a la Audiencia Nacional a reunirse con el juez García Castellón.