El alcalde de Valdemoro, el socialista Serafín Faraldos, y la concejala de Urbanismo Cinthia Mateos (IUCM), declararon durante horas el pasado lunes 23 de julio ante la Guardia Civil al denunciar ambos posibles corruptelas urbanísticas relacionadas con la Operación Púnica que todavía persisten en este municipio de la Comunidad de Madrid. Valdemoro, con 73.000 habitantes, es el epicentro de la trama que saltó a la palestra hace cuatro años.

Según ha confirmado El Independiente a través de fuentes policiales y municipales, la denuncia del actual equipo de Gobierno (desde hace un año y un mes gobierna un cuatripartito de izquierdas) se produce al detectar irregularidades vinculadas a la etapa de Francisco Granados, factotum de la trama y ex número tres de Esperanza Aguirre.

El secretario del ayuntamiento detectó las corruptelas hace días y avisó a sus superiores

Detenido en octubre de 2017 junto a una cincuentena de políticos, ediles, funcionarios y empresarios, Granados también fue alcalde de la localidad de 1999 a 2003 y durante su mandato se aprobó el Plan General de Ordenación Urbanística, plan del que emanan hoy las sospechas identificadas por el Secretario del Ayuntamiento hace tan solo unos días.

La denuncia apunta a supuestas corruptelas en torno a las concesiones demaniales, un contrato por el cual una administración (la antigua Corporación del PP de Granados en este caso) otorga a un particular o privado el derecho a hacer un uso privativo -urbanizar, por ejemplo- sobre un dominio público. Se trata de una concesión que no puede traspasarse o venderse a terceros, y eso es precisamente lo que ha ocurrido: la concesionaria de una parcela en Valdemoro (las firmas Torrejuncal y Estudio 5) ha tratado de vender a una constructora recientemente dicha concesión, una operación que ha sido detectada por el secretario municipal, el cual ha advertido del asunto a sus superiores.

Una concesionaria trató de vender ilegalmente una concesión demanial de la etapa de Granados

La parcela en concreto tiene un valor de 160.000 euros, pero el equipo de Gobierno (PSOE, Ganemos Valdemoro, IUCM y una formación local que presentaron una moción de censura que descabalgó al ex alcalde de Ciudadanos en junio de 2017) cree que es la prueba de que las «prácticas púnicas» continúan ocurriendo en la localidad. Durante horas tanto el alcalde como la responsable de Urbanismo declararon ante la Benemérita que tales irregularidades pueden producirse impunemente en Valdemoro sin que la Corporación cuente con herramientas para frenarlas, siempre de acuerdo con la versión policial.

Ya en febrero el actual alcalde, Serafín Faraldos, denunció ante la Guardia Civil el robo de documentos en su despacho que iba a presentar ante la Fiscalía Anticorrupción, según reveló eldiario.es. Entre los papeles sustraídos se encontraba una lista de contratos del anterior equipo con empresas de la trama Púnica, así como una copia del informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid sobre contratos fraudulentos de personal del Consistorio.

El ayuntamiento aseguró a la Benemérita que carece de medios para frenar las irregularidades

El propio ayuntamiento está sobredimensionado, según ha venido denunciando el cuatripartito. Los sucesores de Granados impuestos por el PP también son objeto de investigación: José Miguel Moreno (quien declaró en una conversación grabada que estaba en política para “tocarse los huevos”) y José Carlos Boza. La Corporación está corroída de empleados con vínculos familiares con políticos del PP, formación que gobernó con mayoría absoluta durante 16 años.

En espera del juicio, el goteo de informaciones prosigue. El pasado 13 de julio El Independiente reveló que el ex socio de Granados y constructor David Marjaliza confesó al juez instructor que llegó a pagar hasta 12 millones de euros –“unos dos mil millones de las antiguas pesetas”- en comisiones ilegales a los ex regidores Granados y José Miguel Moreno Torres.