La decisión ya está acordada entre el Gobierno vasco el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se formalizará mañana en el Consejo de Ministros y según la cual se desistirá de la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley vasca de abusos policiales que contempla que una comisión de expertos investigue denuncias de torturas y abusos policiales entre 1978 y 1999. Los principales sindicatos de la Policía y la Guardia Civil, así como varias asociaciones de víctimas del terrorismo ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la que le urgen a no llevar adelante tal “indignidad” e “inmoralidad” que facilitará la consolidación de la “teoría del conflicto” que pretendería, según las citadas asociaciones, impulsar el entorno de ETA.

La carta, remitida hoy, le recuerda al ministro que la decisión de desistir de la presentación ante el TC del recurso que interpuso el Gobierno del PP no responde a criterios técnicos sino a una mera “negociación política”. Las organizaciones firmantes aseguran que es “inaceptable” la decisión que se oficializará este viernes sin que esté respaldada por un ”debate técnico” que la avale.

Advierten al ministro de que se va a actuar “a sabiendas” de que la citada ley vasca de abusos policiales es “injusta” no sólo por lo que califican de “inmoralidad” que oculta por el impacto sobre las víctimas, sino por no responder a criterios jurídicos. Por todo ello, le advierten que de llevarse a cabo la retirada del recurso ante el Alto Tribunal tomarán las medidas legales oportunas.

Acreditar “torturas”

En la misiva, firmada por el SUP, el CEP, la AUGC y la UnionGC, además de Covite, recuerdan que la decena de organizaciones que integran el grupo de trabajo que se constituyó para frenar esta ley aspiran únicamente a “reivindicar la memoria de las víctimas” que consideran atacada con normas como ésta. En este sentido reiteran que recientemente el Constitucional ha anulado varios de los preceptos de otras norma similar, la aprobada por el Gobierno de Navarra que también pretende reconocer posibles casos de abusos policiales. El TC considera que varios de sus preceptos asumen competencias y funciones propias del poder judicial.

Subrayan a Marlaska que lo que Euskadi pretende llevar adelante es que una comisión de expertos determine si se produjeron o no casos de abusos policiales. Apuntan que para acreditar esos supuestos casos de “tortura” la ley establece que bastarán pruebas “admisibles en derecho, sin ser preciso que haya existido un proceso judicial previo”.

Aseguran que en este caso se da la paradoja de que el anterior delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés, consideró “ilegal” la ley que prevé que una comisión evalúe y dictamine víctimas de torturas, y el actual titular de la delegación, Jesús Loza defienda la norma con pequeñas modificaciones que no altera la existencia de la cuestionada comisión. En opinión de los firmantes, este hecho acredita que el movimiento dado por el Gobierno del PSOE responde a razones “ideológicas” o planteamientos políticos y no a razones jurídicas.

Consideran que la pretensión fundamental que persiguen las instituciones vascas con la puesta en marcha de esta ley no es otra que asentar un “relato del conflicto” que justifique la existencia de la violencia de ETA en un contexto de enfrentamiento entre dos partes, el Estado y ETA. En este planteamiento se pretendería imponer una suerte de “justicia transicional”, propia de “dictaduras”, señalan, según la cual las vulneraciones de la banda terrorista se habrían producido en un contexto de confrontación de ”motivación política”.