El Consejo de Ministros ha dado hoy cumplimiento al acuerdo alcanzado con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu para proceder a retirar el recurso de inconstitucionalidad que contra la denominada ‘Ley vasca de Abusos Policiales’ había presentado el Gobierno de Rajoy. En la reunión de hoy se ha aprobado el desistimiento para continuar con el procedimiento para llevar ante el Tribunal Constitucional la norma que prevé que una comisión de evaluación -ya conformada- determine y reconozca posibles casos de torturas o abusos policiales cometidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado entre los años 1978 y 1999. La medida acordada entre Sánchez y Urkullu ha recibido hoy una nueva crítica, la de la Fundación de Víctimas del Terrorismo que se suma a la que ya han formulado los principales sindicatos de la Policía y la Guardia Civil, así como otras asociaciones de víctimas y que han llevado el caso a la Justicia ordinaria.

Tras conocerse la decisión del Consejo de Ministros, anunciada el pasado martes por el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha mostrado el «total rechazo» de las víctimas. Ha reiterado que nada ha cambiado para que se acuerde la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley 12/2016 de 28 de julio con la que el Gobierno vasco aspira a reconocer y reparar víctimas de abusos y torturas policiales. Se apunta que además la ley facilitará una suerte de discurso de «víctimas y verdugos» que ataca a la dignidad de las víctimas de ETA al «favorecer un relato falaz de toda la actividad terrorista desarrollada durante décadas».

Blanco asegura que la medida favorecerá «un relato falaz de toda la actividad terrorista» de ETA

Blanco recuerda que el acuerdo se ha adoptado bajo el compromiso negociado entre los dos Gobiernos de que se modifiquen algunos de los artículos de la norma. Apunta que el desistimiento llega sin que por ahora se conozca la literalidad de las citadas modificaciones que incorporará el Ejecutivo vasco. Cambios que además deberán ser plasmados en una nueva ley que a su vez tendrá que volver a ser tramitada para su aprobación en Cámara vasca. Entretanto, recuerda Blanco, la decisión de retirar el recurso tiene como consecuencia inmediata que la decena de artículos que habían quedado en suspenso vuelven a estar en vigor  y por tanto podrían «aplicarse» en cualquier momento a partir de ahora: «Una retirada que carece de lógica jurídica si se tiene en cuenta que se fundamenta en la mera promesa de la futura aprobación de algunos cambios en la norma, en lugar de esperar a que se hayan producido».

Proceso «extrajudicial»

La Fundación señala que el Consejo de Estado avaló la presentación del recurso por considerar que existían fundamentos jurídicos suficientes» para su interposición. Hace referencia a varios de su argumentos, como la invasión de competencias que serían «exclusivas del Estado», y que la norma estaría vulnerando derechos fundamentales de los miembros y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo hace a través de una comisión sobre la que se sustanciaría un procedimiento «extrajudicial» orientado a dilucidar si se ha producido o no «una vulneración de derechos humanos». El proceso se hace además mediante una comisión de expertos nombrada por el Ejecutivo vasco a la que se dota de competencia para «averiguar, investigar y enjuiciar determinadas conductas presuntamente delictivas». Hechos que, recuerda Blanco en la nota hecha pública esta tarde, son constitutivos de delito y cuya autoría corresponde determinar «en exclusiva» a los jueces y tribunales.

A ello suma que esta misma semana el Tribunal Constitucional ya ha anulado varios de los artículos de la ley foral navarra 16/2015 de 10 de abril que prevé reconocer y reparar a las víctimas de actos de «motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos». La Fundación asegura que se trata de una norma con un contenido «prácticamente idéntico» a la ley vasca en muchos de los preceptos anulados. Añade que esta sentencia del Alto Tribunal permite afirmar «sin lugar a dudas» que la retirada del recurso carece de fundamentación jurídica y no responde a la defensa de los intereses generales «ya que su inconstitucionalidad ha quedado claramente en evidencia».

La Fundación asegura que hace sólo unos días el TC ya anuló varios artículos «prácticamente idénticos» de la ley navarra

La crítica hecha por esta asociación de víctimas se suma a la que ya hicieran los principales sindicatos y asociaciones de Policía y Guardia Civil, así como asociaciones de víctimas como Covite, y que han decidido llevar a los tribunales a la Ley vasca de abusos policiales. Constituidos en grupo de trabajo, todos estos organismos enviaron ayer, en un último intento por frenar el desistimiento aprobado hoy en Consejo de Ministros,  una carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la que le instaban a no llevar adelante tal “indignidad” e “inmoralidad” que facilitará la consolidación de la “teoría del conflicto” que pretendería, según las citadas asociaciones, impulsar el entorno de ETA. Le recordaban al ministro que la decisión de desistir de la presentación ante el TC del recurso no responde a criterios técnicos sino a una mera “negociación política”. Las organizaciones firmantes aseguran que es “inaceptable” la decisión que se oficializará este viernes sin que esté respaldada por un ”debate técnico” que la avale.

Advertían al ministro de que se va a actuar “a sabiendas” de que la citada ley vasca de abusos policiales es “injusta” no sólo por lo que califican de “inmoralidad” que oculta por el impacto sobre las víctimas, sino por no responder a criterios jurídicos. Por todo ello, le advierten que de llevarse a cabo la retirada del recurso ante el Alto Tribunal tomarán las medidas legales oportunas.