El juez Diego de Egea, ha acordado fijar una fianza de 1 millón de euros para Rafael Redondo, el hombre de confianza de el excomisario José Villarejo, los únicos imputados en el denominado caso Tándem que siguen en prisión desde noviembre. Ambos presuntamente facturaron más de 5,5 millones de euros a través de varias «sociedades instrumentales» que únicamente utilizaron para «canalizar capitales de presunto origen criminal» que después invertían en España y en el extranjero. A Redondo da de plazo 7 días para abonarla, mientras que, en el caso de Villarejo, ha decidido mantenerle en prisión.

El juez cree que ambos utilizaron una serie de sociedades «que no producían valor real alguno» para canalizar los ingresos que obtenían de los informes de «consultoría, inteligencia y vigilancia» que Villarejo realizaba, la mayoría de carácter personal. «Dichas sociedades habrían facturado más de 5,5 millones de euros supuestamente por tareas de asesoramiento, consultoría e intermediación a un conjunto de empresas que tenían como denominador común que, en su mayor parte, su cifra de negocios principal provenía de la realización de informes de carácter personal que se interesaban por otras personas», señala el juez.

Modus operandi

En el centro de la operativa se situaba el Grupo Cenyt, un entramado societario propiedad de Villarejo y con sede social en la Torre Picasso de Madrid, que se creó «con la específica finalidad de blanquear capitales fuera de España y repatriarlos» tras «varias operaciones bancarias en Uruguay o Panamá». Para la labor de blanqueo que el juez atribuye a ambos, también se sirvieron de «distintos testaferros y fiduciarios» que les permitían disponer de cuentas corrientes en otros países como los ya citados.

De Egea cree que Villarejo tuvo una «intervención medular» en los hechos que se investigan y por ello considera que la medida de prisión sigue siendo «absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos», que van desde pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo hasta descubrimiento y revelación de secretos y extorsión. Otro de los motivos esgrimidos por De Egea para rechazar su excarcelación ha sido la persistencia del riesgo de fuga a tenor de «la titularidad de activos» que tiene en el extranjero y que él mismo reconoció ante el juez.

A Redondo lo sitúa en la cúpula de Cenyt y cree que hay «indicios racionales» para pensar que pudo «ocultar y blanquear activos» procedentes de actividades ilegales. Según el auto, éste figura como partícipe y asociado de varias sociedades cuyos fondos «tendrían su génesis en capitales de origen desconocido y presuntamente derivados de actividades ilícitas que se mantendrían fuera de España con la intención de mantenerlos juntos y posteriormente introducirlos en el mercado económico español, blanqueando dichos fondos».