Gonzalo Boye, abogado.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha emitido este lunes en comunicado en defensa del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, “por haber sido objeto en el pasado reciente de ataques intolerables”.
Se da la circunstancia que esta actuación del órgano colegiado se produce el mismo día que la defensa del expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciado que iba a solicitar amparo al ICAM “calumnias, injurias y amenazas en el ejercicio de su derecha de defensa” después de que saliera a la luz pública que la demanda que interpuso contra el instructor del ‘procés’ en Bélgica fue manipulada.
A falta de que dicho amparo sea presentado, el decano del Colegio de Abogados de Madrid ha señalado públicamente lo siguiente: “defiendo la integridad de los jueces españoles, la independencia del Poder Judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que bajo ninguna circunstancia puede ni debe ser fiscalizada por los tribunales de un tercer Estado (…) Tengo el pleno convencimiento de que Pablo Llarena es un magistrado, además de inamovible y responsable, independiente, estando por ello sometido en cualquier procedimiento únicamente al imperio de la ley, al igual que el resto de miembros de la carrera judicial”.
Además, desde el ICAM se recalca que se comparte la decisión del Gobierno de poner en marcha todos los mecanismos necesarios para defender la soberanía jurisdiccional española en este y en todo proceso, atendiendo las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial.
Una demanda falseada
El magistrado Llarena sostuvo tras un curso a preguntas de los periodistas sobre si había presos políticos en España, que “no es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”.
Sin embargo, la afirmación que recoge la demanda es “peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c’est ce qui s’est produit, il faut faire une enquête”, es decir: “Con independencia de cuál haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados”. Una hipótesis en condicional se tradujo cómo una afirmación taxativa.
Tras salir a la luz pública el falseamiento de las palabras de Llarena, Boye negó taxativamente que exista cualquier “alteración” y ha apuntado que, en todo caso, “puede ser un error del traductor”. Por su parte, la traductora declaró que ella “no alteró nada” de la demanda.
En la versión española de la demanda, la traductora mantuvo el condicional de las palabras del juez Llarena “si es que ha sido así” y no como aparece en el documento judicial que Bélgica remitió al juez decano de Madrid.
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