El Rey presidirá este lunes la ceremonia de apertura del Año Judicial, un curso que arranca con el foco en el juicio al "procés", que previsiblemente se celebrará el próximo otoño, pero también en el líder del PP, Pablo Casado, ante la posibilidad de que el Supremo asuma la investigación de su máster. El acto de apertura del curso judicial tendrá lugar al mediodía en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, donde Felipe VI estará acompañado del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; la fiscal general del Estado, María José Segarra; y los máximos responsables en materia de Justicia, incluida la ministra Dolores Delgado.

Como es costumbre, el presidente del Poder Judicial pronunciará el discurso inaugural mientras que Segarra presentará los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2017 A la ceremonia también asistirán, entre otros, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente.

Junto a ellos estarán presentes magistrados y fiscales del Tribunal Supremo, los vocales del CGPJ así como los portavoces de los grupos parlamentarios. También acudirán los presidentes de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Militar Central, los fiscales superiores de las Comunidades Autónomas, representantes de las asociaciones judiciales y, este año, el acto contará con la asistencia de varias delegaciones internacionales de los Poderes Judiciales de Francia, Portugal, Marruecos y Andorra.

Un juez belga debe decidir si admite a trámite la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont"

El nuevo curso arranca con todas las miradas puestas en la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que encarrila el año judicial con la tarea de abordar el juicio al procés, una cita que marcará la agenda judicial y política de los próximos meses. Una vez rechazadas las recusaciones contra los magistrados del Supremo, la Sala que definitivamente enjuiciará a la cúpula del 'procés' deberá confirmar el cierre de la instrucción y decretar apertura de juicio oral para que, una vez las partes presenten sus escritos y alegaciones, se fije la fecha del juicio.

Todo ello transcurrirá mientras un juez belga debe decidir si admite a trámite la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers interpusieron contra el instructor del procedimiento, Pablo Llarena. Aunque fuentes jurídicas consultadas por Efe calculan que el juicio no se demorará más allá de diciembre, todo está en el aire dado que en este momento la causa está parada y los plazos pueden prorrogarse a petición de las partes.

En cualquier caso, solo 18 de los 25 procesados se sentarán en el banquillo por la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O, los actos violentos que se desencadenaron y la declaración unilateral de independencia. Los otros siete, con Puigdemont a la cabeza, se encuentran en rebeldía desde que el juez Llarena retiró las órdenes de detención europeas tras el rechazo de Alemania de entregar al expresident por rebelión.

Procesados por sedición y organización criminal"

Igualmente relacionado con el "procés", más bien con la vertiente policial, en otro tribunal a escasos metros del Supremo, en la Audiencia Nacional, avanzará la causa contra el que exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero y sus jefes políticos, el exdirector del Cuerpo Pere Soler y el exsecretario de Interior César Puig. Procesados por sedición y organización criminal, la causa está a la espera de que se presenten los escritos de acusación y defensa y se abra juicio, si bien eso no significa que la vista se celebre pronto.

Ya fuera de este asunto, el Supremo debe decidir en las próximas semanas si abre investigación por prevaricación administrativa y cohecho impropio contra Pablo Casado ante los "indicios de criminalidad" detectados por la jueza que instruía el caso de su máster. Según la magistrada, Casado pudo ser uno de los "alumnos elegidos" a los que le regalaron el máster en el curso 2008-2009 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid debido a "su relevancia política e institucional".