El juez instructor del «Caso Inipro» considera que hay indicios suficientes para seguir la instrucción contra el alcalde de Tarragona, el socialista Josep Félix Ballesteros, al que procesa junto a otros catorce responsables municipales por la presunta manipulación de concursos públicos en favor del alcalde y su partido. Al PSC, el juez le imputa responsabilidad económica en los delitos cometidos, una responsabilidad que ha tasado en 330.000 euros, por presuntamente contratar a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) a la empresa Inipro para que trabajara en beneficio del PSC.

Junto a Ballesteros, el instructor mantiene la acusación contra la teniente de alcalde Begoña Floria y el ex jefe de gabinete de la alcaldía, Gustavo Cuadrado. En su escrito, el juez señala que la investigación iniciada a raíz de una denuncia de la CUP «permite inferir que los trabajadores contratados por Inipro en el IMSST llevaban a cabo actividades relacionadas con la actividad política del PSC, quien se estuvo beneficiando de tener unas personas desempeñando labores propias del partido, abonándose sus salarios a cargo del dinero público».

El instructor acusa al alcalde socialista de «desviar fondos» para «aferrarse al poder»

En el auto lamenta además que «en uno de los periodos de mayor austeridad económica de la historia reciente, las personas investigadas en este procedimiento urdieron, colaboraron o participaron en una trama en la que se utilizó el IMSST, instituto público cuya finalidad es la asistencia social, para desviar fondos públicos en beneficio de los intereses personales del alcalde, su equipo de gobierno y el partido que lo sostenía, quienes en su voluntad de aferrarse al poder a toda costa, usaron el dinero público para contratar personas que trabajaran en la promoción de su imagen y en captar votantes para el PSC».

Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez da por finalizada la instrucción del caso encontrando indicios de la comisión de los delitos de alteración de precios en concurso público, falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública. El magistrado ha dado traslado a las acusaciones y defensas para que hagan el escrito y propongan, si lo consideran, nuevas pruebas.

Ballesteros ha intentado restar importancia a las acusaciones con un comunicado en el que recuerda que «la notificación de esta mañana se circunscribe entro de la normal evolución de un procedimiento jurídico complejo» y recuerda la presunción de inocencia «de todos los implicados». El alcalde señala que la resolución «no es firme» y muestra su satisfacción porque haya concluido la fase de instrucción para que «el procedimiento se acelere y se cierre lo antes posible. Estoy seguro de que es el camino para que quede todo aclarado».

La decisión del juez instructor es un serio revés para el alcalde socialista de Tarragona, que llega a la recta final de su mandato seriamente cuestionado por los problemas derivados de la celebración de los Juegos del Mediterráneo el pasado verano en su ciudad. Una competición deportiva que fue cuestionada desde el principio, primero por la falta de apoyo institucional, que obligó a posponerla un año, y después por la falta de público. Sin olvidar la crisis desatada en la inauguración por la negativa del president Quim Torra de compartir inauguración con el Rey Felipe VI.