El abogado de Puigdemont. EFE
El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, no quiere ahora que el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) resuelva la solicitud de amparo que él mismo presentó hasta este órgano después de que se le acusara de manipular la demanda interpuesta contra el instructor del ‘procés’ Pablo Llarena en Bélgica.
En un escrito remitido al ICAM, al que ha tenido acceso El Independiente, el letrado de los ex miembros del Govern arremete contra el decano de dicha institución, José María Alonso, por haber salido en defensa de “la integridad de los jueces españoles, la independencia del Poder Judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que bajo ninguna circunstancia puede ni debe ser fiscalizada por los tribunales de un tercer Estado”.
Según Boye, el comunicado que hizo público el decano el pasado 3 de septiembre “lo sitúan a él, a su Junta de Gobierno y a la propia corporación, su Junta de Gobierno y a la propia corporación en una situación de absoluta falta de imparcialidad en lo referido a cualquier actuación en el ámbito deontológico y de amparo profesional respecto a mi persona”.
Además, se da la circunstancia de que el eurodiputado del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) Enrique Calvet denunció al abogado ante el colegio madrileño por "falsear" la denuncia contra Llarena. Esta denuncia también está pendiente de ser resuelta por la institución que encabeza Alonso.
Boye arremete contra el decano
Sin embargo, Gonzalo Boye quiere evitar a toda costa que sea el ICAM el que resuelva estas cuestiones. De ahí, que el letrado de Carles Puigdemont sostenga ahora que si el Colegio de Abogados de Madrid resuelve la petición de amparo que solicitó hace una semana puede incurrir en delito: “Iniciar cualquier actuación administrativa en esta situación, con conocimiento de lo expresado en este escrito supondría no solo una grave irregularidad que pudiera dar lugar a la nulidad de los actos que se lleven a cabo, sino también una eventual responsabilidad penal en el ámbito de la prevaricación administrativa”.
En su escrito, el abogado de los líderes independentistas pide ahora a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid que se abstenga en la tramitación de su expediente y lo remito al Consejo General de la Abogacía Española.
Fuentes del ICAM consultadas por este medio consideran que Boye está tratando de “desvirtuar la figura del amparo” con “planteamientos sin fundamento” y “prejuicios contra el decano” que en ningún momento se refirió a su persona en el comunicado que emitió a principios de mes en defensa de la soberanía jurisdiccional española. De hecho, ya hay varios colegiados que quieren que se le abra un “expediente en deontología" por tratar de manchar la imagen de la institución con sus “guerras personales”.
El magistrado Llarena sostuvo tras un curso en Oviedo en febrero, ante preguntas de los periodistas sobre si había presos políticos en España, que “no es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”.
Sin embargo, la afirmación que recoge la demanda de Gonzalo Boye es “peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c’est ce qui s’est produit, il faut faire une enquête”, es decir: “Con independencia de cuál haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados”. Una hipótesis en condicional se tradujo cómo una afirmación taxativa afectando al fondo del asunto.
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