El mayor caso de corrupción jamás juzgado en Euskadi ha dado hoy un giro importante después de que un número significativo de los 26 acusados hayan reconocido la existencia de una trama organizada y “delictiva criminal destinada al cobro de comisiones ilícitas”. Lo ha avanzado el fiscal del llamado ‘caso De Miguel’, Josu Izagirre, quien ha avanzado poco antes del inicio de la sesión prevista para hoy que varios de los acusados, cuyo número e identidad no ha desvelado, habrían cerrado un acuerdo con el ministerio público por el cual reconocerían parte de los hechos de los que han sido acusados a cambio de una reducción de la pena.

Entre quienes habrían dado ese paso no figurarían los principales encausados, ex altos cargos del PNV en Alava. En las últimas horas se había planteado la posibilidad de que Alfredo De Miguel, ex numero dos del PNV alavés, y principal acusado, hubiera accedido a un pacto con la Fiscalía. Contra De Miguel existe una acusación de haber cometido 21 delitos, entre ellos cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de infuencias, por los que se enfrenta a una petición de condena de 54 años de cárcel.

La posibilidad de que tanto él como el resto de los encausados pudieran cerrar un acuerdo llevó al tribunal a acceder a un plazo de cuatro semanas para facilitar las negociaciones entre las partes. Un periodo que hoy ha concluido con el reinicio del juicio, que arrancó hace nueve meses.

Contratos públicos

El ‘caso De Miguel’ comenzó hace ya seis años y medio, el 17 de marzo de 2010, cuando una operación llevada a cabo por la Ertzaintza, con la detención de los ex altos cargos del PNV -Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Telleria-, destapó una presunta trama de cobro de comisiones por la adjudicación de contratos públicos. De Miguel ocupaba entonces el cargo de diputado foral en la Diputacion de Alava.

La operación se inició después de que una empresaria, Ainhoa Alberdi, denunciara que se le exigió el pago de 100.000 euros en concepto de comisión para la adjudicación de un contrato público para la ampliación del parque tecnológico de Miñano. Alberdi presentó varias grabaciones en las que se acreditaba su denuncia. La Fiscalía considera acreditado que los acusados actuaron de modo coordinado y a través de sociedades pantalla para cobrar comisiones.

De Miguel: "Entiendo que las grabaciones han sido manipuladas, no me reconozco en ellas"

La vista celebrada esta mañana era una de las más esperadas de este largo proceso judicial, con la declaración de De Miguel y por la expectación suscitada en las últimas semanas ante la posibilidad de pacto de los principales acusados. Durante el interrogatorio a De Miguel, considerado el cabecilla de la presunta trama de cobro de comisiones, se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y se ha limitado a dar respuesta únicamente a las preguntas de su defensa.

De Miguel ha cuestionado una de las pruebas esenciales del caso, las grabaciones aportadas por la empresaria Ainhoa Alberdi y que dieron inicio al proceso contra él. A preguntas de su defensa, ha afirmado que no se reconoce en las grabaciones aportadas y ha añadido que tampoco reconoce las grabaciones "como íntegras y veraces" para añadir poco después que "entiendo que están manipuladas".

De Miguel ha señalado que nunca pensó en ocupar puestos públicos hasta que el PNV, de cuya ejecutiva en Alava formaba parte, le propuso formar parte del Gobierno de la Diputación, "y me costó mucho aceptarlo". Ha apuntado que la supuesta sociedad pantalla, Cataia Consulting, nació de la oportunidad de mercado que vieron en el ámbito de la eficiencia energética.

Una empresa en la que las esposas de los tres ex altos cargos del PNV -también acusadas- figuraban como administradoras. De Miguel ha señalado que no realizaban una función "formal" ni participaban de la actividad de la sociedad, "nosotros, los hombres, nos encargábamos de todo". También ha asegurado que de los 240.000 euros que llegó a facturar la sociedad desde su creación en 2005 y su detención en 2010, "el 95% corresponde a un periodo anterior a mi nombramiento como diputado foral". También ha negado que durante la actividad de Cataia se recibiera "dinero no legal, creo que es lo que más claro ha quedado", ha asegurado en referencia a la instrucción policial.

Acuerdos con Fiscalía

La Fiscalía se ha negado a revelar quiénes de los acusados han cerrado un principio de acuerdo. Ha subrayado que en realidad se trata de “un pacto de caballeros” que está pendiente de ratificar durante la vista oral, ya que por ahora simplemente se trata de una “expectativa de declaración” por el que varios de los acusados reconocerán ante el tribunal la comisión de unos delitos a cambio de una modificación del escrito de acusación de la Fiscalía.

Finalmente el tribunal ha rechazado que se desvele con antelación quiénes de los acusados han accedido a firmar un preacuerdo con la Fiscalía, por lo que ha dado inicio a la fase de interrogatorio a De Miguel. El ex número dos del PNV en Alava se ha negado a responder a preguntas de la Fiscalía, por lo que el ministerio público ha solicitado la lectura de su declaración ante la Ertzaintza tras ser detenido, el 17 de marzo de 2010, y otra declaración posterior, el 18 de octubre de 2011, llevada a cabo durante el periodo de instrucción y en la que se retractó de parte de su declaración anterior.