Pedro Sánchez y Carmen Calvo, en el Congreso.
“Es inadmisible la resolución votada esta tarde en el Parlament de Cataluña que pretende rechazar y condenar al jefe del Estado. Este Gobierno tomará las medidas legales a su alcance en defensa de la legalidad, la Constitución y las instituciones del Estado”. Con este mensaje en la red social Twitter reaccionaba Pedro Sánchez el pasado jueves a la resolución aprobada ese mismo día en el Parlamento catalán que reivindica los valores republicanos y apuesta por “la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”.
El Ejecutivo hizo entonces gala de firmeza y recalcó que la posición constitucional del jefe del Estado “debería quedar siempre al margen de su utilización en el debate partidista” antes de anunciar que emprenderá "las medidas legales a su alcance para impedir siempre aquellas actuaciones que socaven la posición constitucional de todas cada una de las instituciones del Estado” en defensa de la legalidad y de la Constitución.
El Gobierno consideró “políticamente inaceptable” esta resolución, que se aprobó con los votos de los comuns, JxCat y ERC –69 votos–, la abstención de la CUP –4– y el rechazo de PP, PSC y Cs –57–. "Es producto de la deriva de los grupos independentistas que, inexplicablemente, han contado con el apoyo de otro grupo parlamentario, en su irresponsabilidad de utilizar las instituciones catalanas para alentar el conflicto y no para servir a los intereses generales de todos los catalanes”, denunció entonces en un comunicado oficial el Ministerio de Presidencia que dirige Carmen Calvo.
Es inadmisible la resolución votada esta tarde en el Parlament de Cataluña que pretende rechazar y condenar al jefe del Estado. Este #Gobierno adoptará las medidas legales a su alcance en defensa de la legalidad, la Constitución y las instituciones del Estado.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 11, 2018
“La extravagancia jurídica de este intento de condena y rechazo de S.M el Rey Felipe VI, que carece de todo fundamento legal y constitucional, no resta gravedad a la actuación protagonizada esta tarde por los citados grupos”, argumentaba el departamento de la vicepresidenta, que este martes se ratificaba en esta postura en los pasillos del Congreso.
Ese día, Calvo anunció que el Consejo de Ministros de este viernes daría luz verde este viernes a su recurso ante el Tribunal Constitucional de la reprobación del rey en el Parlamento de Cataluña. "Este viernes propondremos un recurso al Tribunal Constitucional porque no se puede desde un Parlamento autonómico intentar trazar la forma de Estado de este país". "Esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política", aseguró a los periodistas. "Iremos al TC como fuimos hace un par de meses cuando se intentó recomponer las leyes que rompían la Constitución", insistió.
Horas después, en un almuerzo informativo, la ministra para Cataluña de Sánchez, Meritxell Batet, enfriaba ese anuncio alegando que hacía falta un informe preceptivo del Consejo de Estado. Esta tesis es la que ha acabado imponiéndose a tenor del orden del día del Consejo de Ministros de hoy, que contempla la petición de ese informe con carácter de urgencia para que esté elaborado antes del jueves 25 de octubre. Con esta premisa, el recurso anunciado se podría aprobar en el Consejo de Ministros del viernes 26, que se celebrará en Sevilla.
El retraso en la presentación del recurso coincide con las dudas jurídicas surgidas sobre la capacidad del TC de enmendar una resolución declarativa, de carácter política, aprobada por una Cámara legalmente constituida, y con los reproches de los socios de Gobierno de Sánchez a esta decisión, que se aparta del diálogo político para acudir a la vía judicial que el presidente del Gobierno ha descartado para Cataluña.
"Es de una lógica remarcable. Como quieres una respuesta política, la llevas a un tribunal. Y así todo, básicamente", reprochó inmediatamente el presidente de la Generalitat, Quim Torra. A su queja se sumaron las de Pablo Iglesias -"No entiendo mucho el recurso. En democracia es legítimo decir que se pueda abolir la monarquía. Al paso que vamos, a lo mejor acabamos en la cárcel por pedirlo"; Alberto Garzón (IU) y Joan Tardá (ERC), entre otros.
Fuentes oficiales de Moncloa explicaron ayer que el informe del Consejo de Estado que solicitará el Consejo de Ministros este viernes es preceptivo y que el objetivo del Gobierno es dar luz verde al recurso al Tribunal Constitucional una semana después, en su reunión de Sevilla. De esta manera, el Gobierno dará menos de una semana a su máximo órgano consultivo para que estudie la viabilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional distintos apartados de la resolución del Parlament que reprobó la actuación del Rey Felipe VI tras la consulta ilegal del 1 de octubre. En función de ese informe, el Ejecutivo verá si cumple con los anuncios de Calvo o renuncia al recurso.