La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita 25 años de cárcel para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras,  y penas de 17 años para ‘los Jordis’ -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- y la ex presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, por un delito de rebelión en el denominado ‘procés’. Además, el Ministerio Público solicita igual número de años para todos de inhabilitación absoluta. Estos primeros cuatro acusados son considerados los jefes o promotores de la rebelión.

En el caso del líder de ERC, la pena solicitada es la más alta, puesto que la rebelión se ve agravada por un delito de malversación de caudales públicos.

 

Asimismo, los fiscales del ‘procés’ piden una pena de 16 años cárcel y 16 de inhabilitación para los ex consellers Joaquim Forn, Raul Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa también por delito de rebelión.  Por su parte, los ex consellers Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxel Borras se enfrentan a una petición de 7 años por malversación y desobediencia mientras que el resto de acusados -Mireia Boya, Lluis Corominas, Lluis Guinói, Anna Simóm Ramona Barrufet, Josep Joan Nuet- se enfrentan a multas.

La actuación de los acusados pretendía orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria»

En su escrito de acusación, el Ministerio Público sostiene que «la actuación de los acusados pretendía orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquella, para conseguir como objetivo último -con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado- declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional».

La Fiscalía explica que «el plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, con la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y, por otra, el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones -como así sucedió- y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole, así, al  cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional».

«Altísima probabilidad de violencia»

El Ministerio Público relata cómo en los días y semanas previos a la celebración del referéndum del 1 de Octubre, varios de los  procesados -entre ellos Junqueras, Turull, Romeva, Forn, Rull, Bassa, Forcadell, Sánchez y  Cuixart- eran “plenamente conscientes de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando; de la patente ilegalidad de la iniciativa referendaria; de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos como los que habían sucedido el día 20 de septiembre: de los reiterados y continuos llamamientos públicos -a través de los medios de comunicación, redes sociales y concentraciones públicas- a la movilización de la ciudadanía para que acudieran a votar; y de la protección de los centros de votación para evitar que las fuerzas de orden público cumplieran con su misión de cerrar los centros e incautar el material electoral”.

Los acusados eran plenamente conscientes de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos el 1-O»

El relato de hechos escritos se enmarca en un «contexto fáctico común», constituido por la estrategia planificada y las actuaciones desarrolladas por los acusados «a fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado en forma de República, segregándola de España, mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo y el social», según señalan la tesis de los fiscales.

Cuando Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa el pasado mes de junio albergaba la esperanza de que el cambio de fiscal general del Estado sirviera para que el Ministerio Público suavizara sus acusaciones en esta causa. Así se lo transmitieron a los presos interlocutores del Gobierno, según ha podido saber El Independiente de fuentes solventes. Sin embargo, la fiscal general María José Segarra no cambió criterio a los fiscales de Sala Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno y estos han presentado este viernes sus acusaciones por rebelión ante la Sala Segunda del Alto Tribunal.