Los magistrados que componen este lunes el Pleno de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado continuar con las deliberaciones sobre si se debe confirmar o no la sentencia de la Sección Segunda que determinó son los bancos, y no los clientes, quienes deben asumir el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.

Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, tan sólo nueve de los 28 magistrados que integran el Pleno han podido mostrar esta tarde su postura sobre el fondo del asunto.  De esta forma, la Sala Tercera, que preside el magistrado Luis María Díez Picazo ha comenzado este lunes a analizar tres recursos similares a los tres ya resueltos a favor de los clientes donde las partes litigantes son la empresa municipal de vivienda de Rivas-Vaciamadrid, el Estado y la Comunidad de Madrid.

Han sido designados ponentes de dichos asuntos los magistrados Nicolás Maurandi y José Navarro. Mientras Navarro ha propuesto ratificar las sentencias de la Sección Segunda al no existir “giro jurisprudencial”, el magistrado Maurandi propuso poner límite el alcance de las mencionadas resoluciones apostando por una retroactividad de cuatro años.