Política

División en la primera reunión del Pleno

La mitad de jueces del TS, a favor de que el cliente pague el impuesto hipotecario

Fractura total. De los nueve magistrados que se pronunciaron sobre el fondo del asunto, cinco son partidarios de mantener la nueva doctrina y cuatro quieren volver a la jurisprudencia anterior donde el cliente asumía el pago del impuesto hipotecario.

Fachada del Tribunal Supremo.

Fachada del Tribunal Supremo. EFE

El Pleno del Tribunal Supremo arrancó dividido y tras ocho horas de intensas deliberaciones esta fractura se hizo aún más visible. Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, si bien la sesión de mañana se dedicó a estudiar si la Sala Tercera debía entrar a debatir el fondo del asunto –si se debe confirmar o no la sentencia de la Sección Segunda sobre el impuesto hipotecario, durante la tarde los nueve magistrados que intervinieron en el Pleno defendieron tanto la confirmación de este fallo como la revocación del mismo. Cinco a favor de mantenerlo y cuatro en contra.

 

Fuentes del Supremo explican que los primeros en intervenir fueron los ponentes de los tres recursos que hay encima de la mesa: los magistrados Nicolás Maurandi y José Navarro. Mientras Navarro ha propuesto ratificar las sentencias de la Sección Segunda al no existir “giro jurisprudencial”, el magistrado Maurandi se mostró a favor de confirmar el nuevo criterio pero poner límite el alcance de las mencionadas resoluciones apostando por una retroactividad de cuatro años. Sobre estas limitaciones, no obstante, el Pleno aún no ha entrado a deliberar en profundidad.

La división existente entre los miembros que integran la Sección Segunda se escenificó en el Pleno de forma clara

Además, junto a los dos ponentes intervinieron otros siete magistrados en la sesión de la tarde que expusieron de forma provisional sus criterios: cuatro de ellos a favor de volver a la doctrina anterior y tres de ellos partidarios de confirmar la nueva jurisprudencia de la Sección Segunda donde se establece que es el banco –en vez el cliente- el que debe  asumir el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.

A favor de volver a la jurisprudencia anterior se han mostrado los magistrados Rafael Toledano, Ángel Arozamena, Dimitry Berberoff y José Luis Requero mientras que son partidarios de confirmar las últimas sentencias de la Sección Segunda se han posicionado los magistrados César Tolosa, Jesús Cudero y Fernando Román.

División en la Sección Segunda

De esta forma, ha salido a relucir en el Pleno la división existente entre los miembros que integran la Sección Segunda de lo Contencioso: Toledano y Berberoff quieren volver a la jurisprudencia anterior mientras Navarro, Maurandi y Cudero abogan por confirmar la nueva doctrina  -aunque el presidente de la Sección ve necesario que el Supremo se pronuncie sobre sus límites-.

Quienes defienden volver a la doctrina jurisprudencial anterior entienden que aunque el fallo del Supremo ha anulado un decreto del Reglamento, la Ley da margen para volver al dictamen previo a las tres sentencias de la Sección Segunda donde se dio la razón al consumidor frente a la banca. El motivo es que el texto de la Ley del Impuesto de actos jurídicos documentados dice que el sujeto pasivo es el adquiriente por lo que defienden que eso es bastante para entender que el obligado al pago es el prestatario, es decir, el que recibe el dinero y adquiere su propiedad. También afirman que no hay razones objetivas para cambiar la jurisprudencia consolidada por el tribunal.

Por su parte, los jueces partidarios de confirmar las tres sentencias donde se benefician a los clientes argumentan que no hay contradicción jurídica sino que la jurisprudencia ha evolucionado y cambiado. En estos momentos, se estudian tres recursos similares donde las partes litigantes también son la empresa municipal de vivienda de Rivas-Vaciamadrid, el Estado y la Comunidad de Madrid.

El fondo del asunto

Asimismo, durante la jornada de la mañana, en la que intervinieron los 28 magistrados que integran el Pleno, se planteó también de forma minoritaria si la celebración del mismo era correcta o no en virtud de artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que reza que “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de justicia”.

Las deliberaciones se retoman este martes y vuelven a presumirse largas ante la fractura de la Sala Tercera

Además, como cuestión previa se abordó si en dicha reunión los jueces de la Sala Tercera debían limitarse a confirmar las tres sentencias sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados o se debía entrar a analizar el fondo del asunto. La mayoría del Pleno se decantó por esta segunda opción.

El presidente Luis María Díez Picazo, responsable de la polémica convocatoria del Pleno, apenas intervino durante las ocho horas de deliberaciones de este lunes. Está previsto que los magistrados continúen con las mismas este martes a lo largo de la mañana. Será el turno de los 17 magistrados que todavía no se han pronunciado sobre si se debe dar la razón a la banca o a los ciudadanos. Esta primera ronda de intervenciones es provisional hasta que haya una votación, indican las fuentes consultadas.

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