El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha asegurado que aceptan las críticas pero que “esta situación –en referencia a la decisión tomada ayer sobre la ley hipotecaria adelantada por El Independiente se ha producido por una falta de claridad de la ley”.

 

“Creo que ahora mismo el Congreso tiene una magnífica oportunidad para clarificar de forma definitiva quien tiene que ser el sujeto pasivo en estos contratos”, ha asegurado ante la prensa y ha evitado contestar si va a dimitir o no. “En el presente caso, se produce esta situación, como todos ustedes saben, por una falta de claridad en la ley. Durante 35 años, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, por tanto, muchísimos magistrados, han venido interpretando la ley en un determinado sentido. Se produce un cambio y se entiende, por parte del presidente de la Sala, que esta discrepancia frente a lo que se venía diciendo con anterioridad lo debería resolver un Pleno”, comenzó diciendo el máximo responsable del Poder Judicial.

Además, el presidente del Alto Tribunal ha querido dejar clara la imparcialidad de los magistrados. “Se tomó una decisión en derecho y todos actuaron con absolutad libertad de criterio”. “La postura de todos los magistrados es absolutamente legítima tanto de los que resolvieron en un sentido, como en otro” ya se trataba de “resolver una cuestión controvertida” y la forma de hacerlo es “votando” en plenos jurisdiccionales. “Son las reglas del juego en nuestro Estado de Derecho y por tanto, de nuestra propia democracia”, ha añadido.

Igualmente, Lesmes ha señalado lo siguiente: “Creo que ahora mismo, las Cortes Generales tienen una magnífica oportunidad porque hay proyectos de ley en trámite, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria”.

En esta línea, el magistrado ha incidido en que “existe ahora la oportunidad de que la ley se aclare y se diga definitivamente quién es el que debe pagar”. “Nos debemos que atener a lo que diga el legislador, que en definitiva es el que tiene la última palabra, a través de la ley”, ha apostillado.

El presidente del Tribunal Supremo pidió disculpas a los ciudadanos días atrás cuando reconoció como una mala gestión de la sentencia que adjudica a los bancos el pago del impuesto de actos jurídicos documentados. Lesmes reconoció el pasado 25 de octubre que había salido dañada la imagen del Supremo, una institución que lleva “206 años trabajando, ni favor ni en contra de ningún sector” con esta polémica: “Esto no lo hemos gestionado bien”.