La crisis del Tribunal Supremo y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido en 24 horas en eje casi único de la estrategia de comunicación del independentismo, que ha visto en los mensajes del popular Ignacio Cosidó el mejor argumento a favor de su tesis de la parcialidad de la justicia española. El Gobierno catalán, los presos y los partidos independentistas han centrado su atención en una crisis que pone al descubierto las vergüenzas del pacto PP-PSOE para la renovación de la Justicia, con un Tribunal Supremo especialmente debilitado tras la crisis de la sentencia de las hipotecas. Y han aprovechado la coincidencia con el 20N para asociar a la Justicia con el Franquismo.

El más directo ha sido el ex conseller de Presidencia Jordi Turull, con un mensaje en sus redes sociales en el que ironiza "Hoy, 20N, del 'atado y bien atado' al 'Cosido y bien Cosido", en referencia al pacto de los dos grandes partidos desvelado en toda su crudeza por el portavoz popular en el Senado.

Esa misma idea ha utilizado el portavoz de su partido, JxCat, en el Parlament. Eduard Pujol ha relacionado la crisis de la justicia con la pervivencia del "franquismo sociológico" en España, del que ha asegurado que "las pruebas están en la sociedad, en la política, y de forma importante en el mundo judicial". Pujol ha asegurado además que el "caso Marchena" es la prueba "del 155 al que estamos sometidos", un 155 que según el portavoz independentista "no se ha acabado, sigue en los juzgados que son una pieza más en el engranaje de la represión". "Las togas del 155 trabajan para la venganza cuando deberían trabajar por la justicia", ha concluido.

JxCat denuncia la "venganza de las togas del 155" y ERC señala que Marchena "no puede seguir ni un minuto más" al frente del juicio del 1-O

La portavoz de ERC, Anna Caula, se ha centrado en Marchena, del que ha asegurado que "no puede seguir ni un minuto más" al frente del tribunal que debe juzgar a los líderes del 1-O. "Si el PP considera que iba a controlar al Supremo con él, cómo podemos confiar en este tribunal", se ha preguntado. 

Pero la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha ido un paso más allá. "El WhatsApp -de Cosidó- es el dedo que apunta a la luna, que es el desprestigio del sistema judicial español que recogen  las instancias instancias europeas", ha señalado. Artadi se ha apoyado para ello en las críticas del secretario del Greco, Gianluca Esposito, en las que criticaba el sistema de elección de los miembros del CGPJ un día antes de la huelga de jueces.

Con igual alborozo ha acogido el independentismo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a favor de la excarcelación del líder kurdo, Selahattin Demirtas, que lleva más de dos años en prisión incondicional. El TEDH ha ordenado a Turquía que excarcele al dirigente, aunque no cuestiona los motivos de su detención, lo que ha llevado a Pujol ha advertir que la justicia español "ya puede ver el camino" que podría tomar el proceso contra los líderes del procés.

Marchena, objetivo inmediato

El objetivo inmediato es la recusación del magistrado Manuel Marchena, al que los independentistas atribuyen las sucesivas negativas del Tribunal Supremo a revisar la prisión incondicional contra los presos independentistas desde hace un año. Pero más allá del magistrado -que vuelve a estar al frente del juicio del 1-O tras su renuncia a presidir el CGPJ- el independentismo quiere sentar las bases del futuro recurso contra una eventual condena ante instancias europeas por la vía de desprestigiar a la justicia española.

Es la misma estrategia que el independentismo implementó durante los dos años anteriores a la celebración del referéndum independentista del 1-O. La Generalitat reforzó entonces su aparato de relaciones exteriores, en manos del republicano Raül Romeva, y dedicó ingentes recursos a presentar ante los medios de comunicación principalmente europeos y norteamericanos la imagen de un Gobierno español intransigente, poco dialogante y demasiado próximo a un neofranquismo que el independentismo asocia habitualmente con el PP.

Campaña de desprestigio internacional

La misma campaña se percibe ahora contra la justicia española, que no está en su mejor momento para defenderse de una campaña de desprestigio. Los primeros compases los han marcado los equipos jurídicos de Carles Puigdemont en Bélgica y Alemania y Clara Ponsatí en Escocia -su abogado, Amer Anwar, se ha acabado convirtiendo en la estrella de las últimas manifestaciones independentistas por sus invectivas contra una España que tacha de franquista y dictatorial-.

El espectáculo de PP y PSOE anunciando el nombre de Marchena para la presidencia del CGPJ cuando no se habían designado los vocales, completado con la filtración de los mensajes de Cosidó han sido un auténtico regalo para esa estrategia. Una estrategia que permite además a JxCat y ERC recuperar el discurso victimista y desviar las críticas del electorado independentista a sus constantes batallas por el poder en el espacio soberanista.