El pleno del Senado ha aprobado este miércoles, con 220 votos a favor y 21 en contra, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos en medio de una gran polémica por varios de sus artículos, que dan vía libre a los partidos para rastrear datos personales y opiniones políticas en redes sociales, sin necesidad del consentimiento del afectado para hacer perfiles ideológicos y personalizar la propaganda en campaña electoral.

La nueva LOPD sigue sin considerar la propaganda electoral como comunicación comercial, lo cual permite a los partidos ponerse en contacto con los votantes por medios privados como WhatsApp, SMS o correo electrónico, a partir de datos obtenidos en webs y redes sociales, como números de teléfono o direcciones de e-mail.

La nueva ley, que responde a la aprobación europea del nuevo reglamento de protección de datos, ha hecho que los expertos pongan el grito en el cielo. Tal y como declaraba a Efe el abogado experto en Derecho Digital, Borja Adsuara, el asunto es «gravísimo» porque, además, las opiniones políticas están incluidas legalmente en las categorías especial de datos personales que deberían estar «especialmente protegidos».

El nuevo redactado de la ley, en su artículo 58 bis, permite a los partidos elaborar perfiles ideológicos ad hoc y adecuar a ellos sus campañas electorales

Lejos de eso, el nuevo redactado de la ley, en su artículo 58 bis, permite a los partidos elaborar perfiles ideológicos ad hoc y adecuar a ellos sus campañas electorales. De esta manera, se da vía libre al spam personalizado. Por ejemplo, los partidos podrían detectar de qué temas habla o no habla un usuario en redes, para colar en sus muros o en sus dispositivos mensajes muy específicos.

El propio Adsuara ha advertido en distintos medios de comunicación de las similitudes que esta nueva ley permite con situaciones como la de Cambridge Analytica y las pasadas elecciones norteamericanas, en las que se utilizaron datos obtenidos de forma masiva en Facebook para fomentar la promoción de campañas de fake news sobre asuntos susceptibles de acrecentar la polarización ideológica.

‘Garantías’ no especificadas

El proyecto de ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales aprobado en el Senado modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General tras haberse incorporado una enmienda que así lo establece en el informe de la ponencia que debatió el texto en su paso por el Congreso de los Diputados. El nuevo artículo incluido a raíz de esa enmienda presentada por el PSOE y respaldada por todos los grupos abre la puerta a la ejecución de unas prácticas para los partidos, que sin embargo son ilegales para el resto de colectivos, de acuerdo a la misma ley de Protección de Datos.

El abogado y delegado de Protección de Datos Jorge García, uno de los primeros juristas en dar la voz de alarma sobre el alcance de este artículo, advierte en su blog del riesgo que supone «dejar las manos libres a unas organizaciones con los máximos incentivos para utilizar cuantos medios tengan a su alcance para conseguir su objetivo: ganar elecciones y conseguir poder».

Desde el PSOE, Artemi Rallo, principal impulsor y defensor de la LOPD, asegura que lo que hace la ley es precisamente regular estas prácticas para aportar calidad y normativa a este tipo de prácticas, para las que el articulado requiere, de forma genérica, «garantías», sin especificar cuales.

Tras la polémica generada en las últimas horas por este artículo, partidos como Podemos han cambiado su posición y han amenazado incluso con llevar la ley al Tribunal Constitucional, pese a no haberse opuesto a ella en sus actuales términos cuando salió adelante en el Congreso. La mayoría de formaciones han optado, sin embargo, por mantener una posición de «sí vigilante», y han dejado el control de este asunto al posterior desarrollo del reglamento de la ley.

Ante eso, Podemos ha replicado que el reglamento no puede ir contra el articulado de la ley, y si éste vulnera derechos, el reglamento no podrá enmendarlo.