La sanción impuesta a Josep Borrell por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está desatando un alud de críticas contra el ministro de Asuntos Exteriores. Y algunos líderes políticos ya han pedido la dimisión.

El primero ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha exigido la marcha del titular de Exteriores, tras conocerse que la CNMV le ha castigado con una multa de 30.000 euros. La sanción tiene que ver con el uso de información privilegiada en la venta de un paquete de acciones de Abengoa, cuando el ministro era consejero de la compañía.

«Este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada. Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo», ha escrito Iglesias en Twitter.

El líder del PP ha asegurado que la sanción al ministro es «gravísima». “Está deslegitimado para seguir en el Gobierno de España. Tiene que acudir al Congreso a dar explicaciones”, ha asegurado Pablo Casado.

Ciudadanos pide la comparecencia

También Ciudadanos ha reaccionado a la noticia. El partido liderado por Albert Rivera ha solicitado formalmente la comparecencia de Borrell en el Parlamento para dar explicaciones sobre la operación. Cs se suma así al PP que ya solicitó por dos veces la comparecencia, una el 27 de octubre ante la comisión de Asuntos Exteriores, y el 6 de noviembre, ante la de Calidad Democrática y Lucha contra la Corrupción.

Por su parte, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha considerado «inaudito» que el ministro de Asuntos Exteriores siga en el cargo, por lo que ha pedido a Pedro Sánchez «una reflexión» sobre «qué gobierno quiere tener». En cualquier otro país, una persona en su misma situación ya «habría dimitido», ha dicho Artadi.

El Gobierno se ha apresurado a aclarar que respalda «absolutamente» al ministro. Así lo han asegurado fuentes del Palacio de la Moncloa, después de que tanto Iglesias como Casado hayan denunciado que el Ejecutivo no se puede permitir un ministro sancionado por usar información privilegiada.

Infracción muy grave

En la resolución publicada por el BOE, la CNMV explica que esta multa responde a la infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores cometida por Borrell por la venta de 10.000 acciones de Abengoa por un importe de 9.030 euros el 24 noviembre de 2015, cuando aún era consejero de esta compañía y por lo tanto disponía de información privilegiada que no había sido publicada.

Las acciones vendidas, que sólo suponían una pequeña parte de la participación de Borrell, no le pertenecían a él, sino a una persona de su entorno cercano.

El pasado octubre el propio Borrell reconoció que la venta «no fue adecuada» por el momento en que se hizo, ni por «la apariencia de irregularidad» que pudo generar, pero lo calificó de «un problema de menor cuantía» que no afecta a su «idoneidad para ejercer la función ministerial», para responder así a quienes reclamaron su dimisión como ministro.

Argumentos del ministro

«No tiene ninguna lógica que si alguien tiene la información que me atribuye se limite solo a vender el 8 % de su cartera», se justificó entonces Borrell, quien descartó recurrir la sanción porque en su opinión hacerlo «no sería políticamente correcto» al poder generar un conflicto de intereses contra el Ministerio de Economía.

A finales de noviembre de 2015 Abengoa, con una deuda neta de 6.300 millones de euros y bruta de 8.900 millones solicitó el preconcurso de acreedores, y consiguió evitar la quiebra mediante un acuerdo con los acreedores para la reestructuración del grupo mediante la inyección de 1.170 millones de euros a cambio de ceder el 90 % del capital a fondos, banca y bonistas.

Borrell declaró en octubre de 2017 en el juicio contra la excúpula de la multinacional Abengoa por las indemnizaciones al expresidente de la compañía Felipe Benjumea y su ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, tras su cese.

Su declaración fue únicamente en calidad de testigo como integrante de la comisión de nombramientos y retribuciones y alegó que él no estuvo presente en la reunión del consejo de administración que finalmente aprobó dichos pagos.