El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, durante un pleno de la Cámara Alta.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha decidido apuntar hacia arriba y ha señalado al ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó como la persona que le encomendó contratar un confidente para seguir los pasos del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia.
El agente vinculado a las cloacas del Estado declaró este jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García-Castellón, y los fiscales Anticorrupción que fue Cosidó quien le encomendó el dispositivo policial que se ha conocido ahora como Operación Kitchen, según informan fuentes jurídicas a El Independiente. El máximo responsable de la Policía entre 2012 y 2016, en su condición actual de senador, se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Frente a la versión mantenida en sede policial por el polémico agente ya retirado, mandos policiales conocedores de aquel dispositivo aseguran a este diario que Cosidó no sólo "no tenía ni idea" de la captación del chófer de Bárcenas sino que además se quería "cargar" a Villarejo, a lo que se habría negado el entonces ministro del Interior: Jorge Fernández Díaz.
Villarejo, que lleva desde noviembre de 2017 en prisión preventiva, fue conducido en la mañana de este jueves desde el centro penitenciario de Estremera (Madrid) hasta la Audiencia Nacional para declarar como imputado en la pieza separada en la que se indaga sobre la Operación Kitchen. Las pesquisas tratan de aclarar si el operativo policial "ilegal" -según sostiene el Ministerio Público- incluyó el robo de documentación comprometedora para la antigua cúpula de la formación conservadora tras captarse al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, como confidente, lo que incluyó el pago de fondos reservados (al menos 48.000 euros).
Mandos policiales niegan la versión de Villarejo y aseguran que Cosidó quiso "cargarse" al polémico comisario pero lo impidió el ministro
El comisario hoy en prisión volverá a la Audiencia Nacional el próximo lunes para terminar su declaración, en la que espera poder ofrecer información sobre el encargo que el hizo el BBVA a una empresa controlada por él a finales de 2004 en plena ofensiva del constructor Luis del Rivero por intentar tomar el control del banco. Según el antiguo policía, ese trabajo guardaría vinculación con “luctuosos acontecimientos acaecidos en la vida española”.
También ha comparecido como investigado este jueves el comisario principal Enrique García Castaño, al que el juez imputa la posible comisión de delitos de cohecho y malversación de caudales públicos. La comparecencia continuará a primera hora de este viernes.
El gordo, como se le conoce en los círculos policiales, ha señalado a Eugenio Pino -entonces Director Adjunto Operativo (DAO), el número dos del Cuerpo- como el mando que reclamó su participación en el dispositivo puesto en marcha en 2013 y que ahora se investiga judicialmente tras conocerse que incluyó presuntamente el robo de documentación que guardaba el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.
Fuentes conocedoras de la declaración han informado a El Independiente de que, a pregunta del juez y de los fiscales, el investigado ha explicado que Pino lo llamó cierto día a su despacho oficial para pedirle su apoyo. García Castaño se encontraba entonces al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), departamento policial dependiente de la Comisaría General de Información al que estaban adscritos agentes especialistas en captación de información y encargado de llevar a cabo las escuchas, las grabaciones y los seguimientos.
'El Gordo' declara ante el juez que fue el ex DAO Eugenio Pino quien le pidió que participara en el dispositivo que captó al chófer de Bárcenas
El comisario principal ha mantenido en todo momento que la conocida como Operación Kitchen fue legal y que el objetivo de aquellas pesquisas era averiguar dónde tenía Bárcenas las cuentas corrientes, a qué personas utilizaba como testaferros para ocultar su patrimonio y cuánto dinero se había llevado por mordidas cobradas a adjudicatarios de contratos públicos licitados por administraciones gobernadas por el PP.
García Castaño ha mantenido que se informó de los datos que se iban obteniendo y que se colgaron anotaciones en el Grupo de Análisis y Tratamiento de Información (GATI), la base de datos propia de la Policía Nacional. También ha asegurado que las pistas se ponían en conocimiento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, entonces comandada por el comisario Manuel Vázquez El Fiti y encargada de la investigación del caso Gürtel.
"No existe la Operación Kitchen“, ha defendido el imputado. Fuentes del Ministerio del Interior han reconocido que como tal indicativo no consta ninguna documentación en las bases policiales, lo que explica la dificultad que ha entrañado reunir la documentación que le han requerido a la Secretaría de Estado de Seguridad dos juzgados centrales de la Audiencia Nacional. Todo ello lleva a pensar que el nombre del dispositivo lo escribió el comisario Villarejo en uno de los dosieres que guardaba en una de sus viviendas relativo a las operaciones en las que intervino como agente encubierto y que fue incautado por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos tras detenerlo el 3 de noviembre de 2017. "Decía que el chófer de Bárcenas tenía pinta de cocinero, de ahí lo de 'Kitchen", apunta un mando policial que trabajó con el comisario hoy en prisión.
El chófer y Gómez Gordo
En ese dispositivo, la Policía Nacional logró captar como confidente a Sergio Ríos Esgueva, un antiguo militar que en aquellos momentos ejercía como chófer de la familia Bárcenas-Iglesias. Éste cobró al menos 48.000 euros de los fondos reservados gestionados por el Ministerio del Interior por chivar pistas a los investigadores y, aprovechando un traslado de documentación, facilitarles una copia de documentos que el ex tesorero del PP almacenaba. El conductor mantuvo esa colaboración mientras Luis Bárcenas estuvo en prisión preventiva (desde junio de 2013 a principios de 2015).
Fuentes conocedoras de aquella operación han asegurado a este diario que una de las exigencias del chófer para convertirse en confidente de la Policía fue que el entonces inspector Andrés Gómez Gordo -antiguo policía de confianza de María Dolores de Cospedal durante la etapa de ésta como presidenta de Castilla-La Mancha y ya imputado en esta causa- participara en las pesquisas. El agente había coincidido con Sergio Ríos durante la etapa de éste como conductor de Francisco Granados en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.