Los jueces catalanes han dicho basta. Tras los ataques que diversas sedes judiciales han sufrido en municipios catalanes, con motivo del traslado de los procesados por el 1-O y el inminente inicio del juicio en el Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido hoy un comunicado de condena "rotunda y enérgica" a "la cadena de sabotajes a las sedes judiciales que, en la madrugada de hoy, han sido prácticamente generalizados en todo el territorio" y exigen la "depuración de responsabilidades".rec

Los CDR han vertido estiércol frente a la Ciudad de la Justicia de Barcelona y los juzgados barceloneses de Berga, Cerdañola, Esplugues de Llobregat, Gavà, Manresa, Martorell, Mataró, Mollet, Rubí, Vic y Vilafranca del Penedès, así como de las localidades leridanas de Cervera y Solsona (Lleida), las gerundenses de Figueres, Girona, Ripoll, Olot y Sant Feliu de Guíxols y las tarraconenses de Tarragona y Valls. Unas acciones que han reivindicado en las redes sociales, y que ya investigan los Mossos d'Esquadra.

"Este tipo de acciones son inaceptables en un Estado de Derecho y demandan la depuración de las responsabilidades que pudieren derivarse de ellas" ha advertido el Superior de Justicia de Cataluña en respuesta. El TSJC ha denunciado además la reiteración de estos ataques "que vienen repitiéndose desde hace meses" para expresar "nuestra más firme repulsa a cualquier acción tendente a alterar el normal funcionamiento de las Instituciones del Estado".

En este contexto, lamenta que la "sucesión de sabotajes" ha provocado "una importante incidencia en la apertura de los edificios judiciales, al punto de obligar el cierre de algunas instalaciones" y el perjuicio ocasionado tanto a los ciudadanos como a los jueces, fiscales y letrados afectados.

Según han informado a Efe fuentes policiales, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para tratar de determinar al autor o autores de estas actuaciones de los CDR, que han sido condenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía General del Estado y las principales asociaciones de jueces.

En la misma línea, la Fiscalía General del Estado ha condenado los ataques y ha advertido de que suponen "un atentado contra el Estado de derecho que entorpecen el normal funcionamiento de un servidor público".

Amedrentar a los jueces

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en Cataluña, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que establezca medidas de seguridad ante los "ataques masivos" por parte de los CDR contra los juzgados.

Según esta asociación conservadora de jueces catalanes, estos hechos "no son acciones de protesta", sino "algo más que vandalismo" que tiene como finalidad "amedrentar" al poder judicial.

"Desde luego que no lo conseguirán, pero es preciso establecer medidas de seguridad", ha subrayado la APM, que ha advertido de que esta actuación forma parte de una campaña de "ataques masivos perfectamente organizados" que es lo que creen que les espera en los próximos meses a los jueces que ejercen en Cataluña.

También ha condenado estos ataques la asociación progresista Jueces por la Democracia, que considera que la actuación de los CDR "excede los derechos de libertad de expresión y crítica" y acarrea gastos de limpieza que pagará toda la ciudadanía con sus impuestos.

Para esta asociación, "el derecho a la libertad de expresión y de crítica a las actuaciones de los poderes públicos, también judicial, es un derecho constitucional", pero los ataques de los CDR "exceden esos derechos". JxD denuncia que esas protestas pretenden "deslegitimar de forma generalizada la labor de los jueces y funcionarios de la administración de justicia", una institución que a su parecer es "fundamental para resolver los conflictos y garantizar los derechos de toda la ciudadanía".