El juicio más importante de la historia reciente de la democracia española contará con centenares de testigos. El Tribunal Supremo acordó este viernes que testifiquen en la vista oral que arrancará el 12 de febrero el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el lehendakari Iñigo Urkullu, el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá, la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el ex delegado de Gobierno en Cataluña, Enric Milló, entre otros.
Asimismo, declararán en la vista oral varios miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos el vicepresidente segundo José María Espejo, el alcalde de Barcelona, Xabier Trías y los ex diputados autonómicos de la CUP Eulalia Reguant, Antonio Baños y David Fernández; y de ERC, Josep Ginesta, Cesc Iglesias y Adria Comella, además del exportavoz de EnComu Podem, Xavier Domenech. Asimismo, comparecerán también como testigos ciudadanos que resultaron lesionados en los hechos enjuiciados, así como agentes de policía y guardias civiles que también sufrieron heridas.
Por otro lado, la Sala rechaza testificales como la del Rey porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa Real, Raúl Alfonsín, al no admitir nuestro sistema el “testigo por sustitución”. Tampoco ha sido declarada pertinente la declaración propuesta por la acusación popular de Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014. También han sido excluidos Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía en el mismo proceso. En su auto la Sala razona que la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo.
Se descarta también la prueba propuesta como testigo de Ignacio Cosidó, actual portavoz del Senado por el PP. En la resolución se indica que las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal de enjuiciamiento ya fueron hechas valer por las defensas en el incidente de recusación tramitado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, incidente rechazado por unanimidad de los magistrados que integran esa Sala especial.
Tal y como adelantó El Independiente, el Supremo rechaza la posibilidad de que observadores internacionales supervisen el juicio. Lo hace con el siguiente razonamiento: “La Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional. Precisamente por ello ha autorizado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juico sean televisadas en directo y mediante streaming en la web. La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa".
"La dignidad de los procesados"
Además, en un auto de 145 páginas, el tribunal que preside Manuel Marchena recalca que en el juicio "no existirá, por tanto, límite numérico alguno para el seguimiento permanente y sin interrupción de las sesiones del juicio mediante señal de televisión en directo o en streaming. La Sala opta así por una fiscalización incondicionada de todas y cada una de las sesiones del plenario. Se eluden los problemas que se derivarían de la falta de acreditación, por aquellos a quienes las partes atribuyen la condición de observadores imparciales, de un estatuto de neutralidad e independencia económica respecto de sus proponentes”.
El Supremo tampoco ha aceptado como prueba la testifical de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios Nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston. Los magistrados argumentan que "las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar "…sobre los hechos objeto de acusación". En el proceso penal el testigo es examinado sobre los hechos de los que tiene conocimiento directo o referencial; el perito dictamina acerca de una materia en la que hay que aportar nociones científicas, técnicas o artísticas. No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos".
En la resolución, la Sala hace suya la reivindicación de las defensas de un trato que garantice la dignidad de los procesados. Se adoptarán las medidas para que así sea. Lo mismo decimos de la agenda, horarios y condiciones de la sala de juicios. En cuanto al contacto directo entre abogado y cliente, ninguna objeción por parte de la Sala para que la distribución de espacios tenga en cuenta el deseo de proximidad y contacto físico entre el Letrado y los procesados.
Precisamente, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart han sido este viernes trasladados a las cárceles de Madrid para ser juzgados por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, entre otros.
Está previsto que el juicio se celebre los martes, miércoles y jueves en sesión de mañana y tarde en el histórico Salón del Plenos del tribunal. El plazo que se baraja de duración de la vista oral es aproximadamente de tres meses.
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