El diputado de Vox Francisco Serrano ha solicitado al Gobierno andaluz a través del Parlamento autonómico los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las unidades de Violencia de Género entre los años 2012 y 2019. La petición viene recogida en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, dirigido a la Presidencia del Parlamento de Andalucía con fecha 15 de febrero pero registrado en la Cámara el día 20 del mismo mes.

En el documento, Francisco Serrano demanda una “relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género”.

También reclama los nombres de los miembros de los “Equipos psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre los años 2012 y 2019 completos”. La petición de Serrano se acoge al amparo del artículo 7 del Reglamento de la Cámara andaluza, que obliga al Gobierno andaluz a facilitar la información, aunque respetando de ley de Protección de Datos.

Objetivo: “Fiscalizar y comprobar” las ayudas

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejando Hernández, ha justificado la petición que han hecho para conocer los nombres del personal de las Unidades de Violencia de Género para “fiscalizar y comprobar” las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía en los últimos años.

Según un audio remitido a Efe, la relación que han pedido “es una de las muchas peticiones de información que está realizando y realizará Vox para fiscalizar y comprobar el destino que se le han ido dando a las ayudas y fondos públicos concedidos por la Junta de Andalucía en los últimos años”.

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha confesado este viernes su “estupor”

La petición de Serrano se acoge al amparo del artículo 7 del Reglamento de la Cámara andaluza, que obliga al Gobierno andaluz a facilitar la información, aunque respetando la ley de Protección de Datos. Tras trascender esa solicitud, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha confesado este viernes su “estupor” y ha asegurado que le ha “sonado a purga, a persecución y a otros tiempos que pensé que nunca tendría que conocer”.

En un encuentro en Sevilla con colectivos de mujeres con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial, la expresidenta andaluza ha agregado que la ultraderecha sabe “perfectamente” que a esos trabajadores les “protege” la Ley de Protección de Datos, pero pretenden “señalarles para que empiecen a avergonzarse de lo que hacen y a ocultar a lo que uno se dedica”.

El vicepresidente de la Junta y portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que esta petición no hará que su partido se mueva “ni un milímetro” de su posición en materia de violencia de género y ha subrayado que “la plantilla que lucha contra la violencia de género no peligra en absoluto”.