«Nuestra tarea, desde hoy hasta finales de mayo, será garantizar que se cumple la resolución de la Junta Electoral y se preserva la neutralidad en espacios y en edificios públicos». El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, defiende así la campaña que la asociación impulsará para conseguir que en las próximas elecciones generales, y después en las europeas y locales, los edificios públicos catalanes no sean portaestandarte de simbología independentista. Un empeño en el que IC quiere conseguir el apoyo de otras entidades constitucionalistas «para llegar a todos los pueblos de Cataluña».

También Sociedad Civil Catalana (SCC) ha tomado nota de la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que obliga a la Generalitat a retirar símbolos y pancartas de sus edificios públicos. Y están dispuestos a iniciar acciones legales contra el Govern si no acata la resolución de la Junta y retira los lazos amarillos.

«Si los ayuntamientos no retiran los lazos de sus fachadas, los sacaremos nosotros» afirma el portavoz de una de las brigadas que se dedican a retirar lazos

Un paso más allá irán grupos como «Segadors del Maresme», una de las brigadas de retirada de lazos creada en el último año para combatir la presencia de lazos amarillos en las calles y plazas de Cataluña. Su portavoz, José Casado, explica que «hasta ahora no hemos tocado los edificios públicos» porque eran conscientes de que muchas de las pancartas colgadas en las fachadas de los ayuntamientos, o los carteles en accesos a localidades de toda Cataluña, habían sido acordados en pleno.

Pero ahora, con el resolución de la Junta Electoral, «tendremos aval legal» para retirar también esos símbolos, explica Casado, quien advierte de que antes se asegurarán de que las Juntas Locales recogen esa decisión. «Si los ayuntamientos no los retiran, empezaremos a sacarlos nosotros». Este grupo, muy activo en la comarca del Maresme, ha llevado a cabo unas 150 acciones de retirada de lazos en el último año, no exentas de encontronazos tensos con grupos independentistas. No son los únicos, colectivos como «Alta Tabarnia» o «El Timbaler del Bruc» han llevado a cabo también retiradas de lazos por Tarragona y la Cataluña Central.

La vía judicial

Para Domingo, es la administración la que debe garantizar la neutralidad de los edificios públicos. Pero dado el poco celo demostrado por las juntas electorales locales en las convocatorias electorales anteriores, Impulso Ciudadano «insta a la ciudadanía a que nos avisen» de los incumplimientos, con el compromiso de denunciarlos ante las juntas electorales locales pertinentes y hacer seguimiento del comportamiento de las administraciones para reclamar la imposición de eventuales multas.

Y recuerda, en este sentido, que la Junta Electoral Central remite su resolución a la Generalitat porque es la administración a la que se refería Ciudadanos en su denuncia, pero este dictamen «sienta precedente» para las demás administraciones.

Desde SCC se dan un plazo de espera para conocer la respuesta de la Generalitat, pero advierten que si no cumple con lo dispuesto por la JEC, denunciaran ante la Justicia esa desobediencia. Y dejan claro que serán exigentes tanto con la administración autonómica como con los ayuntamientos. En Sociedad Civil no comparten el impulso de brigadas de retirada de lazos para no generar tensión, pero aseguran que se mostrarán contundentes en el ámbito judicial.

De hecho, de esta entidad partieron las denuncias contra la alcaldía de Berga en las elecciones autonómicas y generales de 2015. La ex alcaldesa de la CUP, Montserrat Venturós, desoyó entonces los requerimientos de la Junta Electoral para que retirara de la fachada del Ayuntamiento una estelada y tres años después fue condenada por desobediencia e inhabilitada para cargo público.

Tras conocerse la decisión de la JEC, desde la plataforma Impulso Ciudadano han anunciado que pondran en marcha «una iniciativa cívica orientada a conseguir que las elecciones que se desarrollarán en abril y mayo se desenvuelvan en un espacio de libertad para todos y de neutralidad institucional. La presencia de símbolos separatistas fuera de los espacios habilitados para ello altera las reglas del juego democrático y vicia el resultado electoral”.

El Govern se resiste

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado que el Govern será «combativo» en la defensa de los lazos y la simbología referida a los políticos procesados por el 1-O y esta tarde se reunirá con el president Quim Torra para analizar las posibles respuestas al dictamen de la Junta Electoral Central. La consellera de Presidencia y número dos de JxCat a la Alcaldía de Barcelona ha considerado una «demanda ridícula» que la Junta Electoral inste a la Generalitat a quitar esteladas y lazos amarillos, una apreciación que ya avanzó la candidata de JxCat en las generales Laura Borrás.

En sentido contrario, la líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha tachado de «auténtica vergüenza» que los edificios de la Generalitat «sigan llenos de simbología independentista, con las caras de los candidatos de las listas independentistas», dado que Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Raül Romeva concurren a las diferentes convocatorias electorales de esta primavera. «Se imaginan edificios públicos con la cara de Albert Rivera», es una autentica vergüenza.

Cs cuenta en esta batalla con el apoyo del PSC y PP, que se han sumado a la exigencia de neutralidad en los espacios públicos. Los populares, al igual que Ciudadanos, han anunciado al intención de llevar a todas las juntas locales la exigencia de que también los ayuntamientos retiren los símbolos independentistas de sus fachadas. El Ayuntamiento de Barcelona presidido por Ada Colau es objetivo prioritario de los partidos, pero para las entidades constitucionalistas trasladar el requerimiento a la administración local es fundamental para conseguir la neutralidad de los edificios públicos en la Cataluña interior, donde es más difícil oponerse al independentismo.