El Gobierno de Pedro Sánchez deja en manos de la Junta Electoral Central cualquier decisión con respecto a la retirada de los lazos amarillos que cuelgan de los edificios públicos de Cataluña y se limita a supervisar el cumplimiento de sus decisiones. Así lo ha señalado este martes en un comunicado, en el que informa de que la Delegación del Gobierno en Cataluña informará a la Junta Electoral «del grado de cumplimiento de su orden de retirar lazos amarillos en los edificios públicos dependientes de la Generalitat de Cataluña».

Según recalca el Ejecutivo, la instrucción que tiene la Delegación del Gobierno «es estrictamente esa: informar a la JEC y así lo hará con un escrito y una serie de fotografías de los edificios públicos más representativos dependientes de la Generalitat». Desde ese momento, apunta, «todas las instituciones quedan a disposición de lo que determine la Junta Electoral Central, a la vista de lo que ocurra».

En su escrito reitera que es éste órgano el «exclusivamente competente» para dar los siguientes pasos, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase a los Mossos d’Esquadra «el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos».

El presidente catalán se ha negado a dar la orden de retirar del balcón del Palau de la Generalitat el cartel sobre los «presos políticos» que incluye un lazo amarillo pese a que la Junta le dio ayer un plazo de 24 horas para quitar todos los símbolos independentistas de los recintos públicos catalanes. En el acuerdo adoptado ayer por la JEC también le avisaba «de las responsabilidades administrativas, y en su caso penales, en que pudiera incurrir» si persistía «en la desobediencia» a sus acuerdos.

El presidente de la Generalitat, ha remitido este martes un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) en el que le solicita la «suspensión del plazo» que este órgano ha concedido al Govern –y que expira este martes– para retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. En el documento se alega, entre otras cuestiones, la «imposibilidad» de ejecutar una orden de estas características, debido al gran número de edificios públicos que gestiona la administración catalana.

Además, Torra informa a la JEC que se ha puesto en contacto con el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, para que emita una opinión sobre qué debe hacer la Generalitat en este asunto y remarca que para el Govern «las opiniones de este órgano –el Síndic– son importantes». La Junta, por su parte, se ha ratificado en el plazo ordenado y ha apuntado en un escrito enviado al líder catalán que «no se ofrecen razones jurídicas» que demuestren «la imposibilidad de la Generalitat» de retirar los lazos.