La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña que, una vez que tenga conocimiento de todas las actuaciones, interponga una querella contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra por ignorar los requerimientos de la Junta Electoral Central.

La Fiscalía ha informado de la decisión de Segarra, adoptada a pesar de que el Govern de la Generalitat ha retirado hoy los símbolos políticos que la Junta Electoral le había exigido quitar durante el día de ayer.  El Ministerio Público no especifica el delito por el que se interpondrá la querella, pero el «incumplimiento consciente y reiterado» de los acuerdos de la Junta Electoral encaja en el tipo de desobediencia.

El ministerio público sostiene en su querella que, una vez el Tribunal Constitucional (TC) había suspendido el referéndum, Casals dictó un decreto en el que manifestaba su «pleno» apoyo al 1-O y ordenaba que dicha resolución fuera comunicada a la Generalitat, a la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas y a la Asociación de Municipios por la Independencia.

Además, añade la Fiscalía, el 8 de septiembre de 2017, cuando ya había sido advertido personalmente a través de la Delegación del Gobierno de la resolución del TC, el entonces alcalde de Molins remitió un mensaje a todos los usuarios del correo electrónico del Ayuntamiento en que anunciaba que el consistorio facilitaría los «espacios habituales de votación» para acoger las urnas del 1-O.

«Desatendiendo deliberada y conscientemente el requerimiento»

También en un discurso pronunciado el 11 de septiembre, el querellado aseguró que las escuelas del municipio estarían abiertas como centros de votación, añade el ministerio público en su querella. Finalmente, sostiene el ministerio público, «desatendiendo deliberada y conscientemente el requerimiento» del TC, Casals permitió que el 1-O abrieran cuatro locales de titularidad municipal de Molins que, «gestionados también por el Ayuntamiento, fueron utilizados como centros de votación» del referéndum.

De esa forma, apunta la querella, el alcalde contribuyó «de forma decisiva» con su actuación a la celebración de la consulta suspendida por el TC. En el caso del alcalde de Collbató, la Fiscalía le acusa de haber aprobado, junto al resto de miembros del equipo de gobierno y cuando el referéndum había sido ya suspendido, un escrito en el que el Ayuntamiento anunciaba que ponía a disposición de la Generalitat para el 1-O los locales que fueron utilizados en las elecciones catalanas de 2015.

Tras recordar que Solà recibió personalmente la providencia del TC que suspendía el 1-O a través de la Delegación del Gobierno, la querella acusa al alcalde de «permitir» la apertura de un local de titularidad municipal que, gestionado por el consistorio, fue utilizado en el referéndum. Como en el caso de Casals, el ministerio público acusa también a Solà de haber contribuido de forma «decisiva» a la celebración del referéndum ilegal, «desatendiendo deliberada y conscientemente» el requerimiento del Tribunal Constitucional.