La Generalitat está procediendo a la retirada de las pancartas y lazos amarillos de las fachadas de sus edificios públicos. El Govern acata así, finalmente, el requerimiento de la Junta Electoral Central, que ayer dictó una nueva resolución en la que daba un nuevo plazo hasta hoy a las 15.00 horas y abría el procedimiento contra Quim Torra para una eventual imputación por un delito de desobediencia. Presidencia ha dado el pistoletazo de salida retirando la pancarta del Palau de la Generalitat, tras recibir el último requerimiento de la JEC de manos de los Mossos.

Salvar a los Mossos

El argumento oficial para retirar las pancartas ha sido, precisamente, la necesidad de salvaguardar al Cuerpo de Mossos d’Esquadra de una nueva prueba de estrés, entre las exigencias del discurso de desobediencia del independentismo y la obligación legal de cumplir los mandatos de la JEC. Y aferrándose a ese argumento, Quim Torra ha pospuesto la retirada de las pancartas de la fachada del Palau de la Generalitat, hasta el mediodía de hoy.

El argumento de la demora ha sido que Presidencia esperaba que los Mossos les entregaran el requerimiento de la Junta Electoral Central en Palau para retirar las pancartas. Y no ha sido hasta entonces que el resto de los departamentos del Govern han acatado la orden de la JEC.

En un comunicado oficial, el President ha asegurado que «respeta la actuación de los Mossos en sus funciones de policía nacional de Cataluña, así como cuando actúan de policía judicial de la justicia española» para justificar la retirada de la pancarta con la que ayer se cubrió la que durante meses ha reivindicado la excarcelación de los líderes independentistas procesados por el 1-O.

Querella contra la JEC

El presidente catalán anuncia además que la próxima semana presentará una querella contra la Junta Electoral por un presunto delito de prevaricación. Torra argumenta que las decisiones de la Junta «son manifiestamente injustas porque son arbitrarias, como demuestra la notificación de ayer, en la que se exigía al President hacer cosas que la ley no le permite». El Govern presentará además recurso contencioso administrativo contra a decisión de la JEC, solicitando la suspensión inmediata de sus acuerdos.

Torra insiste además en denunciar que la JEC considera «una grave vulneración de la ley un cartel, pero no ven ninguna irregularidad en que un partido haga campaña desde el estrado del Tribunal Supremo, donde dos de los miembros de la Junta Electoral están juzgando a diversos candidatos» a las próximas elecciones generales, municipales y europeas.

En línea con lo avanzado en los últimos días, Quim Torra insiste en que «llevará hasta las últimas consecuencias» lo que él define como una «defensa de la libertad de expresión» y anima a los catalanes a llenar los balcones de sus viviendas de estelades y lazos amarillos.

Tensión en el Govern

La retirada de las pancartas y lazos de edificios de la Generalitat se ha convertido en una nueva escenificación del tira y afloja no sólo entre Govern y instituciones estatales -ya sea la Justicia, la Junta Electoral o el propio Gobierno- sino también entre los socios de gobierno. Quim Torra ha sido el gran avalista del pulso simbólico con la Junta Electoral, mientras miembros de su gobierno rechazaban un pulso que consideran estéril y que puede derivar en inhabilitaciones para cargo público que dirigentes como Elsa Artadi o Pere Aragonés -con proyección y aspiraciones políticas de futuro- quieren evitar a toda costa.

También el conseller de Interior, Miquel Buch, a quien la Junta Electoral apercibió en su última resolución, advirtiéndole de las posibles consecuencias penales por desobediencia si los Mossos d’Esquadra no hacen efectivo el mandato de la JEC, que les exige a ellos que garanticen el cumplimiento de la orden de retirar todos  los símbolos políticos -lazos, pancartas y fotografías de los candidatos- de los edificios públicos de la Generalitat.

En esta tensión se inscribe el hecho de que la Consejería de Economía, en manos del republicano Pere Aragonés, haya sido la primera en descolgar las pancartas y lazos de su fachada, antes de que el propio Torra diera el pistoletazo de salida desde el Palau de la Generalitat. Desde Vicepresidencia se ha argumentado este hecho en una decisión unilateral de los funcionarios del Departamento.