El partido Popular ha desvelado el contenido de su programa electoral resumido en quinientos puntos donde dedica una capítulo especial a la transparencia y a la regeneración. Sin hacer ninguna mención a la corrupción, sí aborda asuntos como la restricción «del uso del Decreto-Ley en época previa a las elecciones o garantizar, dicen «la profesionalización del CIS», para que sus encuestas estén «guiadas por métodos científicos y no por intereses partidistas como ha ocurrido en los últimos meses».

Asimismo, se comprometen a regular la actividad de los grupos de interés «mediante el registro de profesionales y empresas, dando mayor transparencia a su acceso a políticos, legisladores y empleados de las Administraciones Públicas». Además, dotarán de más medios al Tribunal de Cuentas y a los órganos de Control externo de las comunidades autónomas «para permitirle ejercer con la celeridad suficiente su labor fiscalizadora».

Fin a la Ley de Secretos Oficiales

En este capítulo también incluyen una propuesta que hasta ahora no habían siquiera esbozado para sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales por otra de Protección de la Información Clasificada y que incorpore las prácticas y estándares internacionales así como estar adaptada a los avances en el tratamiento de la información.

El PP terminará con el modelo de Administrador único de la corporación de RTVE para impulsar, dicen, «un Gobierno corporativo guiado por los principios de profesionalidad, mérito y capacidad». Agrega el programa con el que Pablo Casado se presenta a estas elecciones que «los medios de comunicación públicos estarán guiados por criterios de profesionalidad, transparencia, pluralidad y racionalidad económica».

Casado aplicará un 155 «por el tiempo que resulte inexcusable»

La propuesta programática arranca, sin embargo, con el que está siendo uno de los ejes de la campaña de Casado, esto es, la lucha contra el órdago independentista. Su primera medida, «con el objetivo de recuperar la legalidad constitucional, y para proteger el correcto ejercicio de la autonomía en Cataluña», será aplicar un 155 «por el tiempo que resulte inexcusable», velando «con especial atención por un adecuado ejercicio de las competencias en educación, régimen penitenciario, medios públicos de comunicación y hacienda pública».

Asimismo aboga por reformar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «para reforzar la necesaria coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas. «Garantizaremos la intervención en condiciones de plena operatividad en todo el territorio nacional», afirma el punto 7 de un documento de más de cien folios con la mente puesta en la actuación de la policía autonómica catalana.

Moratoria a nuevas transferencias

A una moratoria que paralizará la cesión de nuevas transferencias a las comunidades autónomas, se une la medida de agravar las sanciones para las autoridades que incumplan «el deber de exhibir la bandera nacional en todos los edificios oficiales o la obligación de que el retrato del Jefe del Estado presida los salones de Plenos municipales», aunque no especifica en qué sentido, dentro de la nueva Ley de Símbolos que Casado querría sacar adelante.

El PP quiere regular asimismo el requisito de prestación de juramento o promesa de la Constitución por parte de todos los cargos electos y autoridades públicas, «prohibiendo cualquier variación o añadido que desnaturalice o vacíe de contenido dicho acto de acatamiento», entre muchas otras medidas que, como la vía penal para la convocatoria de consultas ilegales, ya ha ido explicando el candidato del PP a la presidencia del Gobierno.

Ni una mención a la Ley del Aborto

En el apartado de Familia no hay ni una sola mención a la actual Ley del Aborto. Se habla, en cambio de aumentar los incentivos fiscales a las familias, elaborar una Ley de apoyo a la maternidad que contemple un conjunto de medidas «para ponerla en valor, ampliar la conciliación y la corresponsabilidad o la promoción de la orientación familiar». Asimismo, propone crear oficinas municipales de ayuda a la mujer embarazada.

De gobernar el PP se ampliarían los casos para la Prisión Permanente Revisable a la violencia de género que acabe en asesinato. Hay otros compromisos para incrementar el número de agentes de policía destinados a la protección de las mujeres amenazadas; un mayor control de la órdenes de protección y alejamiento e, incluso, el derecho de las víctimas al «olvido digital».

En otras materias de índole social, contempla ampliar el plazo de prescripción de los delitos por pederastia y convertir en crímenes contra la humanidad los actos terroristas, de modo que no prescriban. El PP endurecerá las incompatibilidades para los jueces que quieran dar el salto a la política, derogará el «decreto Ábalos» de las VTC y quitará las restricciones al diésel.