Política

El juez acusado por un caso de la Federación de Baloncesto dejará la carrera

El magistrado Juan Antonio Toro está acusado de prevaricar en 2017 en una investigación contra el ex presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) José Luis Saez

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El juez acusado por un caso de la Federación de Baloncesto dejará la carrera
El ex presidente de la FEB, José Luis Sáez.

El ex presidente de la FEB, José Luis Sáez. EFE

Resumen:

El magistrado Juan Antonio Toro, acusado de prevaricar en 2017 en una investigación contra el ex presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) José Luis Saez, ha anunciado este miércoles en el juicio su intención de renunciar a la carrera judicial tras más de cuarenta años de ejercicio jurisdiccional.

Así lo ha manifestado Juan Antonio Toro -actualmente con destino en la Audiencia Provincial de Madrid– en su turno de última palabra en el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia madrileño, en el que la fiscal ha mantenido su petición de 15 años de inhabilitación y multa de 5.400 euros por prevaricación y otra multa de 4.500 euros por revelación de secretos de dicha causa.

Tras negar que hubiera cometido ninguno de dichos delitos en el turno de última palabra Juan Antonio Toro ha dicho textualmente dirigiéndose a los tres magistrados del tribunal y muy emocionado: “Después de 43 años de ejercicio jurisdiccional quiero manifestarles mi voluntad de presentar cuando pueda este año la renuncia o la excedencia”.

Según ha explicado la fiscal, Juan Antonio Toro ha sido juzgado por decisiones que adoptó siendo juez de instrucción número 36 de Madrid para investigar una denuncia del entonces presidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, contra el que era entonces secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal.

Ha añadido que en su querella, Escañuela incluyó documentación con la que buscada demostrar que recibía un trato discriminatorio del CSD, frente al que tenía la Federación Española de Baloncesto y las supuestas irregularidades que se habían detectado.

El juez Toro acordó el sobreseimiento de la querella y abrió otras diligencias contra los entonces presidente y secretario general de la Federación de Baloncesto, José Luis Saez y Luis Giménez, respectivamente, en las que ya no estaba personado Escañuela.

Escañuela solicitó al juez Toro que uniera a las actuaciones que ya había archivado una copia digitalizada de las diligencias abiertas contra el presidente de la Federación de Baloncesto, lo que fue atendido por el acusado “con conocimiento de su improcedencia pues la adoptó sin motivación alguna ni razón jurídica explicable y fuera de los cauces procesales”, a juicio de la fiscal.

José Luis Escañuela ha argumentado en el juicio que se lo pidió para utilizarlo ante la Audiencia Provincial de Madrid, que debía resolver su recurso contra dicho sobreseimiento.

Además, siempre según la Fiscalía, Escañuela pidió con posterioridad al juez Toro copia de las diligencias en las que se investigaba a los responsables de la FEB, a lo que accedió el magistrado a pesar de que el primero no estaba personado como parte en este procedimiento.

De esta forma le entregó documentación en la que figuraban datos personales de los investigados como resguardos bancarios y de compras realizadas con tarjeta Visa y facturas de restaurantes, tiendas y agencias de viajes que fueron publicados en medios de comunicación, aunque la fiscal ha aclarado que no se ha acreditado que fuera el acusado el que los filtrara.

El juez Toro ha declarado que solo entregó a Escañuela documentos para poder usarlos en otras posibles acciones, pero no las declaraciones de investigados y testigos en la causa en la que se investigaba a Jose Luis Saez y Luis Giménez.

Los abogados de estos dos últimos han pedido que el juez Toro sea condenado a tres años de prisión por el delito de revelación de secretos y 43.200 euros de multa y veinte años de inhabilitación para empleo o cargo público por la prevaricación, además de que les indemnice en 90.000 y 50.000 euros, respectivamente.

La Sala no ha permitido al abogado de Luis Giménez preguntar a Cardenal por unas supuestas reuniones que el acusado habría mantenido con los expresidentes del CSD Rafael Cortés Elvira y de la Federación Española de Fútbol Ángel María Villar -este último investigado en otro procedimiento-, para asesorarles en asuntos judiciales, al no tener relación con los hechos.