La Mesa del Congreso ya tiene en su poder el informe encargado por Meritxell Batet a los letrados de la Cámara. Los juristas avalan la suspensión automática de los diputados que reclamaban PP, Ciudadanos y Vox y dejan la decisión en manos de la Mesa, que se reúne a mediodía y debe decidir si sigue la recomendación del informe.

El PSOE tiene en su mano el sentido de la votación, aunque durante la semana ha avisado de que acataría lo que dijera el estudio jurídico de los letrados. La Mesa del Congreso está compuesta por tres miembros socialistas, dos de Podemos, dos del PP y dos de Ciudadanos. Tanto el voto de Podemos (a favor de mantener la condición de diputados de los presos), como el de PP y Ciudadanos (suspenderlos), está claro desde el principio.

La Mesa ya no puede dilatar más una decisión que ha tratado de delegar en el Tribunal Supremo, que este jueves se negó a emitir el informe que le solicitó Meritxell Batet al respecto. La Sala, presidida por el juez Manuel Marchena, respondió a la socialista que era «inviable» realizar el trabajo encargado, a causa de la «configuración constitucional» del propio tribunal, dejando claro el malestar que la petición había generado en el TS y del que informó El Independiente

El órgano que preside el Congreso de los Diputados se ve obligado ahora a tomar una decisión que parecía querer aplazar hasta después de las municipales de este domingo 26 de mayo, pese a la presión de PP, Ciudadanos y Vox, que incluso habían amenazado a Batet con llevarla ante la justicia por «prevaricación», al entender que dilataba una suspensión que debía producirse automáticamente.

La suspensión de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, entendían estos partidos y avalan los letrados, responde a la interpretación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim): «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».

La duda jurídica llegaba a raíz del artículo 21.2 del reglamento del Congreso de los Diputados, que dice en su redacción que un diputado será suspendido cuando «concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta». En este caso, al haber sido procesados antes del arranque de la legislatura, no ha existido suplicatorio porque el juicio ya está en marcha desde hace meses.

Posible alteración de la mayoría absoluta

En su informe, los letrados también piden a la Mesa determinar el «alcance de la suspensión» para valorar cómo proceder respecto al funcionamiento de la Cámara de aquí en adelante. En este sentido, la Mesa podría decidir que, si la suspensión es total, la Cámara pase a tener 346 diputados en lugar de 350, lo que provocaría que la mayoría absoluta se fijara en 174 diputados, en lugar de los 176 actuales.

Una situación semejante se ha producido durante los últimos meses en el Parlamento de Cataluña, al negarse tanto ERC como Junts per Catalunya a sustituir a algunos de sus diputados afectados por suspensiones o limitaciones de su capacidad para votar telemáticamente. Es el caso de Oriol Junqueras o del propio Carles Puigdemont. Los partidos independentistas deberán, por tanto, decidir también si replican en Madrid la estrategia que ya han seguido en Barcelona.