JxCat quiere llevar la suspensión de Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull como diputados del Congreso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así lo ha dejado claro hoy el también diputado, y ex abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, que ha explicado que la formación independentista presentará de inmediato una petición de reconsideración ante la Mesa del Congreso como paso previo al camino judicial que debe llevarles a Europa.

ERC republicana ha anunciado también la presentación de una petición de reconsideración por la suspensión de Oriol Junqueras como diputado, aunque no ha concretado medidas legales más allá. Los republicanos ya anunciaron que Junqueras, candidato también a las elecciones europeas de este domingo, renunciará al acta de diputado para hacer efectiva el acta europeo si es elegido el domingo.

Tras la reconsideración, que los independentistas ya dan por perdida, acudirán al Tribunal Constitucional para presentar un recurso de amparo. «Dado que el TC no ha hecho gala de una gran objetividad e imparcialidad, especialmente respecto al cuestiones planteadas por el independentismo» ha apuntado el diputado, «como previsiblemente tememos que el Constitucional tampoco nos da la razón acudiremos a instancias europeas e internacionales» ha asegurado Cuevillas.

Y es en esas instancias internacionales donde los independentistas esperan obtener la victoria jurídica que, según Cuevillas, debería ser obvia. «Solo hace falta saber leer» para contradecir las conclusiones de los letrados, ha asegurado, porque a su juicio el informe «dice extactamente lo contrario de lo que prevé la ley». Y será en las instancias europeas «donde no dudamos de que ante el nivel de escándalo que se produce con una resolución como esta Europa va a poner una vez más a España en su sitio».

Cuevillas se ha referido a las palabras de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al anunciar la decisión de la Mesa para acusar a los servicios jurídicos de la Cámara de habilitar un «nuevo golpe al estado de derecho» con su informe. «La complejidad jurídica consiste en buscar una interpretación que es textualmente contraria a lo que prevén las normas aplicables» ha asegurado, «empezando por el ámbito  competencial».

Competencia del Pleno

Así, ha señalado que según los artículos 31, 48.2 y 48.3 de Reglamento del Congreso «corresponde sin duda al Pleno, previo informe razonado de la Comisión del estatuto de los diputados» adoptar la decisión de suspender a los procesados. «La Mesa no es la competente para adoptar esta resolución, cualquier cuestión que afecte al estatuto de los diputados ha de ser acordada por el Pleno» ha advertido.

Además, Cuevillas cree que no es aplicable la Ley de enjuiciamiento criminal en este caso, tal como apuntan los letrados, porque se trata de una regulación procesal y «la separación de poderes implica que las cámaras legislativas no pueden quedar invadidas por procedimientos del poder judicial, por eso el Tribunal Supremo no dictó una orden expresa. Lo que procedía era actuar conforme prevé el reglamento del Congreso».

El diputado ha denunciado además el hecho de que el Supremo no pidiera el suplicatorio para seguir juzgando a los líderes independentistas escogidos en las generales del 28-A. «Pero eso han querido evitarlo porque la LECrim obligaba a suspender el juicio hasta que se produjera una resolución» lo que a su juicio supone que «se ha vulnerado legalidad procesal, la legalidad de la normativa del reglamento del Congreso, que tiene carácter de ley orgánica, y la competencia del Pleno».