El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, saliendo de la Audiencia Nacional.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha acordado ampliar el plazo de instrucción del caso Lezo hasta mediados de diciembre de 2020 al estar pendiente la práctica de diversas diligencias "imprescindibles" para el esclarecimiento de los hechos que se investigan desde hace casi tres años, entre ellas las comisiones rogatorias enviadas a diversos países para dilucidar posibles operaciones de blanqueo de capitales.
En un auto fechado el pasado 7 de junio, el magistrado accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda la prórroga de la instrucción de cuatro piezas separadas -entre ellas la matriz- por otros 18 meses más invocando la complejidad de la causa. De agotarse este margen, la macrocausa que cerca al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González habrá durado casi cuatro años y medio, toda vez que las diligencias previas se incoaron el 14 de julio de 2016.
En concreto, la ampliación del plazo afecta a la rama principal, en la que se investigan presuntas irregularidades en la compra del 75 % de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes SA por parte del Canal de Isabel II, la empresa de aguas controlada por la Comunidad de Madrid. El montante de la operación ascendió a 21,4 millones de euros, de los que 18 millones se transfirieron a una cuenta corriente en un banco en Suiza.
En esta pieza se analiza también el presunto pago de una mordida de 273.672 dólares por la consecución de un contrato público en Panamá, concretamente el del alcantarillado de La Pintada (provincia de Clocé). Entre otras diligencias practicadas, el juez García-Castellón tramitó una comisión rogatoria para determinar si se trató de camuflar dicha comisión ilegal a través de un "contrato de prestación de servicios inexistente" firmado con la sociedad Eduholding Corp, radicada en Islas Vírgenes Británicas.
El juez acepta la petición de Anticorrupción, que considera que faltan todavía diligencias "imprescindibles" para esclarecer los hechos
"La justificación de la prórroga de 18 meses que solicitamos se sustenta fundamentalmente en la necesidad de cumplimentar las comisiones rogatorias libradas en esta pieza, remitidas entre otros países a Panamá, así como para la conclusión del expurgo y análisis de la documentación intervenida y la elaboración del informe final que, en ejecución de las funciones encomendadas por el instructor, está pendiente de entregarse por la fuerza actuante", exponía la Fiscalía en su petición.
También se dispondrá de más margen para completar las pesquisas de la pieza en la que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación y construcción del campo de golf del Canal de Isabel II en el barrio madrileño de Chamberí, lo que llevó semanas atrás a la acusación popular que ejerce el PSOE a pedir la imputación de la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre (PP). En este caso, se justifica la necesidad de disponer de más tiempo dado que no ha terminado el informe pericial en el que se analizará los expedientes de adjudicación, explotación y gestión de las citadas instalaciones deportivas correspondientes al decenio 2003-2010.
La ampliación del plazo de instrucción alcanza también a la rama en la que trata de determinarse si la constructora OHL pagó una mordida de 2,5 millones de euros -de los que 1,4 millones habrían sido para Ignacio González- desde filiales en México a cambio de conseguir la obra de construcción y explotación del tren Navalcarnero-Móstoles (Madrid). Entre otros, en esta pieza figura como investigado Juan Miguel Villar-Mir, ex presidente de OHL.
Comisiones rogatorias pendientes
Igualmente, los investigadores tendrán otros 18 meses para completar las pesquisas de la pieza 5, centrada en "distintas operaciones de blanqueo de capitales". Junto al expurgo de la documentación incautada, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debe completar un informe y está pendiente de recibirse respuesta a las comisiones rogatorias que las autoridades españolas han cursado a Panamá, República Dominicana, Bélgica, Suiza y Estados Unidos -entre otros países- para tratar de esclarecer dichas actividades presuntamente delictivas.
En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción no descarta que, cuando se reciban dicha documentación, sea necesario "remitir nuevas ampliaciones" hasta obtener los datos que le permitan esclarecer los hechos investigados.
De momento, la única rama que se ha dado por terminada es la referente a la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Interamericana de Aguas (Inassa) por parte del Canal de Isabel II, hechos por los que se sentarán en el banquillo de los acusados un total de 22 investigados. Entre ellos no estará el ex presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, para el que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional archivó las actuaciones a finales del pasado mes de mayo tras la petición formulada por el Ministerio Público.