Una empresa brasileña adquirida a precio inflado, una sociedad radicada en Uruguay que era propiedad de dos compañías de nacionalidad panameña, transferencias al vendedor en un banco suizo y pagos en un tiempo récord. Éste es a trazos gruesos el retrato de la operación que ha provocado la caída de la banda dirigida por Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 y mano derecha de Esperanza Aguirre entre 2003 y 2012, cuando ocupó la vicepresidencia de la región y la presidencia del Canal de Isabel II. Desde la noche de este viernes, González no vivirá durante una temporada en su casa del barrio madrileño de Aravaca sino en una celda de la cárcel de Soto del Real. Aceptando la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Eloy Velasco acordó prisión incondicional para el antecesor de Cristina Cifuentes en el Ejecutivo autonómico bajo la acusación de ser el líder de una organización criminal dedicada al saqueo de fondos públicos.

El Independiente reconstruye minuciosamente la operación de compra del 75% del capital de la empresa Emissao Engenharia e Construçoes SA por parte del Canal de Isabel II a través de su filial en Latinoamérica, la sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) -cuyo máximo ejecutivo, Edmundo Rodríguez Sobrino, también está encarcelado desde el viernes-, por 21,4 millones de euros. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional considera que esta inversión se hipervaloró «ficticiamente» y sugiere un desvío de fondos. Los investigadores creen que el análisis de la documentación intervenida en los registros practicados esta semana en el marco de la operación Lezo apuntalará sólidamente esta hipótesis.

El origen

En 2012, en vísperas del Mundial de Fútbol (2014) y de los Juegos Olímpicos de Río (2016), la empresa controlada por la Comunidad de Madrid inició un estudio de oportunidad con vistas a desembarcar en Brasil dentro de su estrategia de inversión en Suramérica. A través de empresas filiales que cuelgan del holding Inassa, la compañía ya estaba presente en Colombia, Ecuador y República Dominicana. Para los gestores de entonces, el mercado carioca era estratégico.

Esa prospección cristalizó el 18 de febrero de 2013, cuando está fechado un informe elaborado por los servicios de Inassa sobre la adquisición de un paquete accionarial de Emissao. Se trataba de una compañía de ingeniería especializada en la ejecución de obra pública relacionada con el agua y el saneamiento radicada en Río de Janeiro, en la que la filial del Canal proyectó inicialmente tomar una participación del 40% por 15 millones de dólares. El planteamiento inicial incluía como compañero de viaje en esta aventura empresarial a Essentium, el holding catalán dirigido por la ex vicepresidenta económica y ex tesorera del FC Barcelona Marta Monje. Este grupo finalmente no entró y ahora reclama en los tribunales una indemnización de un millón de euros invocando una cláusula cuya aprobación no consta en las actas del consejo de administración de Inassa, como informó El Independiente.

Aquélla fue la propuesta que aprobó el 3 de abril de 2013 el consejo de administración de Canal Extensia (accionista mayoritario de Inassa), que dio también el visto bueno a que  la operación se realizara a través de una sociedad radicada en Uruguay denominada Soluciones Andinas  del Agua SRL. La razón ofrecida es que, al ser Brasil y Uruguay socios del Mercado Común del Sur (Mercosur), disfrutaban de preferencias comerciales y arancelarias.

Sorprende la celeridad con que se llevaron a cabo todos los trámites previos. Bajo la presidencia del entonces máximo responsable de Inassa y ahora en prisión preventiva tras su detención en la operación Lezo, Edmundo Rodríguez Sobrino, la junta directiva de esta empresa autorizó el 20 de junio de 2013 la compra de la citada compañía uruguaya como vehículo para la adquisición de Emissao. Se da la circunstancia de que la compra de Soluciones Andinas del Agua (antes Turman Investment SRL), por Inassa y Canal Extensia al 50%, se produjo ese mismo día.

Los vendedores panameños

Aunque radicada en Uruguay, los propietarios de Soluciones Andinas del Agua eran dos sociedades de nacionalidad panameña. En concreto, Yavango Investments Inc era la titular del 99% de las acciones y Tana Investment Company del 1% restante. Ambas estaban representadas por Ignasi Maestre Casanovas, que, como informó El Confidencial el pasado 24 de mayo, está siendo investigado por un juzgado de Madrid por ayudar a evadir impuestos al ex jugador del Real Madrid Xabi Alonso. No es el único vínculo. Maestre fue entre 2013 y 2016 apoderado de Igmasa Management, la firma a la que Inassa encargó el asesoramiento legal y contable de Soluciones Andinas del Agua.

Se ha constatado que una de las dos sociedades vendedoras, concretamente Yavango Investments, figura en los Papeles de Panamá entre las sociedades constituidas por el bufete panameño Mossack Fonseca. También Rodríguez Sobrino aparecía relacionado con tres sociedades bajo jurisdicción del antiguo paraíso fiscal de Hong Kong: Idra Drilling Equipment Holding Limited, Asia Drilling Equipment Holding Limited y Luntam Holding Limited.

Cambio en el esquema de la operación

El 25 de septiembre de 2013, menos de dos meses antes de que se cerrara la operación de compra de Emissao, la junta directiva de Inassa aprobó una nuevo esquema. Ya no se adquiriría el 40 sino el 75% de las acciones de la empresa brasileña, pasando la inversión a 31 millones de dólares (29 millones por las participaciones y dos en recursos propios). Ésta fue la propuesta elevada por Edmundo Rodríguez al consejo de administración de Canal Extensia en la sesión del 10 de octubre de 2013. Llama la atención que no se aportara explicación sobre la modificación en el planteamiento de la operación y que no se presentara una tasación independiente sobre el valor real del activo que se iba a adquirir, otra de las anomalías que subraya el juez Velasco.

La auditoría ignorada

Un mes antes de que se formalizara la adquisición, Inassa ya conocía que Emissao se encontraba en una deficiente situación en cuanto a procedimientos y suministro de información. Lo conoció por medio del informe elaborado por la firma de auditoría KPMG el 18 de octubre. Como ha puesto de manifiesto el juez en los autos por los que ha mandado a prisión a los detenidos en la operación Lezo, ese aviso tendría que haber sido suficiente para que se hubiera paralizado la inversión. No sólo no se paró la compra sino que ni siquiera se tuvo en cuenta esa advertencia para reducir a la baja el precio de la transacción.

Ello tuvo consecuencias. El Canal de Isabel II tuvo que aprobar un crédito intercompañía de 10 millones de euros y redotar provisiones adicionales para afrontar los contingentes que se fueron presentando a fin de reequilibrar la situación económico-financiera de Emissao, que ha precisado de un plan de reestructuración para procurar su saneamiento.

A la espera de que la investigación judicial determine si se infló el precio de compra para repartir comisiones ilegales, como sospechan los investigadores, la inversión fue ruinosa para los madrileños. Un mes después de la adquisición, la empresa brasileña figuraba en las cuentas del Canal de Isabel II con un patrimonio neto de 10.629.000 euros, lo que suponía una depreciación del 50%. En diciembre de 2014 se tasaba en tan sólo 5.380.000 euros y a finales de 2015 aparecía en el balance consolidado del grupo con una valoración negativa de 5,54 millones de euros, a lo que se sumaba que la participación en Soluciones Andinas de Agua había caído a -10,52 millones. Ello ha llevado a la oposición en la Comunidad de Madrid (PSOE, Ciudadanos y Podemos) a cifrar en 36 millones el “quebranto” que ha supuesto esta inversión para la Comunidad de Madrid en la denuncia que presentó el pasado mes de marzo ante la Fiscalía.

Edmundo Rodríguez, María Fernanda Richmond y Adrián Martín

Edmundo Rodríguez, María Fernanda Richmond y Adrián Martín.

Se consuma la compra

El 14 de noviembre de 2013, nueve meses después de que los servicios de Inassa elaboraran un informe sobre la toma de participación en el capital de la empresa brasileña, Soluciones Andinas del Agua firmó un contrato de compraventa con el empresario carioca Sebastiao Cristovam por el que la filial del Canal de Isabel II se convertía en el accionista mayoritario de Emissao: se hacía con el 75% de las acciones a cambio de un desembolso de 68,7 millones de reales (unos 21,4 millones de euros).

El documento firmado establecía que el dinero se desembolsaría en tres pagos y que el 84% (18 millones de euros) se transferiría a una cuenta corriente en un banco en Suiza. El primer abono se materializó el 29 de noviembre de 2013, justo dos semanas después de que se cerrara la operación. Días antes, Inassa había dado órdenes a su banco -el Helm Bank en Miami- para que hiciera dos transferencias de 10 millones de dólares cada una a una cuenta corriente de Sebastiao Cristovam en el Royal Bank of Canadá de Suiza.

La segunda transferencia a favor de Cristovam, por importe total de 5 millones de dólares, se hizo el 2 de diciembre de 2013 a una cuenta que el empresario tiene en el Banco Bradesco, la segunda entidad financiera privada más importante de Brasil. Y el tercer pago, de 4,44 millones de dólares y fechado el 21 de enero de 2014, tuvo como destino la misma cuenta domiciliada en el Royal Bank of Canadá.

El aval perdonado

Entre las sombras que arroja la operación que ha mandado a la cárcel a Ignacio González se encuentra también el hecho de que no se exigiera al vendedor la constitución de la fianza que, por importe de tres millones de dólares, se detallaba en el contrato de compraventa como condición inexcusable para que se pudiera formalizar el tercero de los pagos a fin de atender las contingencias que se pudieran presentar en el futuro. El 15 de junio de 2015 se modificó el acuerdo de accionistas inicial en virtud del cual la fianza que Sebastiao Cristovam estaba obligado a prestar se sustituyó por una cesión del 15% de las acciones que aún mantenía en la compañía. Canal Extensia no sólo no lo autorizó sino que ni siquiera fue informada de esta permuta, que tampoco ha pasado inadvertida para el juez Eloy Velasco. Éste censura que se renunciara a dicho aval «sin justificación y sin autorización».

El desenlace

En la noche de este viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acordó prisión incondicional para Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid cuando se llevó a cabo la inversión en Brasil. Velasco también acordó la misma medida para Edmundo Rodríguez Sobrino, el cerebro de la operación que comenzó a fraguarse en 2012. La operación Lezo también se salda con la imputación de otros dos directivos de la empresa pública: María Fernanda Richmond, ex responsable financiera, y Adrián Martín, ex gerente del Canal de Isabel II y hoy director general de Canal de Isabel II Gestión. Ambos podrán eludir la cárcel si depositan una fianza, de 4 millones y de 100.00 euros, respectivamente.

La incógnita ahora es si el ingreso en prisión de González forzará la dimisión como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid de Esperanza Aguirre, su madrina política y quien lo eligió cuando la antigua lideresa se vio obligada a dar un paso atrás en la política tras diagnosticársele un cáncer del que logró recuperarse. Con Francisco Granados en prisión preventiva desde octubre de 2014 por el caso Púnica y Alberto López Viejo enjuiciado en Gürtel, la caída de González alarga aún más las sombras sobre la gestión de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2015.