Operación de compra de la empresa Emissao por parte de una filial del Canal de Isabel II.

Los grupos de la oposición en la Comunidad de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) cifran en 36 millones de euros el quebranto económico que ha supuesto para la empresa pública Canal de Isabel II la compra de una sociedad brasileña en la etapa de Ignacio González como presidente de la región. Fue una operación rodeada de incógnitas, consumada a través de una compañía sociedad tenedora de acciones sin actividad radicada en Uruguay y cuyo desembolso se realizó de forma mayoritaria en Suiza.

Fuentes del Canal de Isabel II reconocen la existencia de una depreciación de esta inversión por la aparición de contingencias que no se previeron y que ha obligado a redotar provisiones adicionales, pero indicaron que la pérdida de valorar no se podrá cifrar hasta que termine la valoración de los resultados tras el plan de reestructuración puesto en marcha en mayo de 2016 con el que se busca el saneamiento de la compañía.

Los tres partidos han presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que estudie la calificación penal aplicable a los responsables de la operación de compra del 75% del capital de Emissao Engenharia e Construçao, empresa por la que la sociedad de la que es accionista mayoritaria la Comunidad de Madrid pagó 21,4 millones de euros y que un mes después valía tan sólo la mitad. El Ministerio Público investiga las presuntas irregularidades derivadas de esta operación de compraventa desde el pasado mes de julio, tras poner los hechos en su conocimiento el Gobierno de Cristina Cifuentes. En concreto, analiza si se pudo cometer un delito de malversación de caudales públicos.

El Canal de Isabel II pagó 21,4 millones por la firma brasileña y un mes después valía la mitad

En noviembre de 2013, en vísperas del Mundial de Fútbol 2014 y de los Juegos Olímpicos de Río 2016, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II (Inassa) se hizo con el control de Emissao, una ingeniería especializada en la ejecución de obra pública relacionada con el agua y el saneamiento radicada en Río de Janeiro. La intermediaria que planteó a Inassa la posibilidad de desembarcar en Brasil con la adquisición de Emissao fue Essentium, el grupo catalán del que es socia y directora general la ex vicepresidenta económica y ex tesorera del FC Barcelona Marta Monje.

De entrada, llama la atención que la adquisición se realizara a través de Soluciones Andinas de Agua SRL, una sociedad de tenencia de acciones y sin actividad con sede en Uruguay que meses antes había sido adquirida por dos filiales del grupo Canal de Isabel II -Inassa y Canal Extensia, siendo esta última accionista al 81,24% de la primera- por 5.000 euros. La operación se formalizó el 14 de noviembre de 2013 por 68,7 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 21,4 millones de euros.

Sorprende que, sólo un mes después, Emissao Engenharia e Construçao figurara en las cuentas del Canal con un patrimonio neto de 10.629.000 euros, lo que suponía una depreciación del 50%. En diciembre de 2014, se tasaba en tan sólo 5.380.000 euros y a finales de 2015 aparecía en el balance consolidado del grupo con una valoración negativa de 5,54 millones de euros, a lo que se sumaba que la participación en Soluciones Andinas de Agua había caído a -10,52 millones. “En esta operación ha podido haber un quebranto que podría alcanzar los 36 millones de euros”, resalta la denuncia presentada ahora ante Anticorrupción.

Anticorrupción investiga desde julio si hubo malversación esta operación  de compra

Esa cantidad podría aumentar si no recupera el préstamo intercompañía por 10 millones que le realizó para futuras capitalizaciones y si prospera la reclamación civil que ha interpuesto grupo Essentium, que, como develó El Independiente el pasado 20 de diciembre, exige un millón de euros a Inassa en cumplimiento de un supuesto acuerdo por el que tendría derecho a percibir el 5% del montante económico en que se tasó el 75% del capital de la empresa brasileña. El diseño inicial de la operación preveía que en el accionariado de Emissao entraran tanto Inassa como Essentium, manteniéndose en el capital los socios brasileños. No fue lo que ocurrió finalmente, dado que sólo la filial del Canal de Isabel II terminó tomando participación en la empresa carioca.

El procedimiento que dirige el Juzgado de Primera Instancia 77 de Madrid deberá dilucidar qué validez tiene la cláusula que ahora invoca el grupo que dirige Susana Monje, puesto que en las actas del consejo de administración de Inassa no consta la aprobación de tal acuerdo. Éste supuestamente habría sido suscrito por el ex presidente ejecutivo Edmundo Rodríguez Sobrino al margen de los órganos de gobierno y pese a que tan sólo tenía autonomía para autorizar operaciones por un importe máximo de 200.000 dólares.

Una auditoría interna realizada por la actual dirección de la empresa del Canal arrojaba dudas sobre el importe, los plazos de compra y las fórmulas de pago, lo que motivó que los hechos se pusieran en conocimiento de la Fiscalía hace más de siete meses. Las alarmas se encendieron tras constatar el nuevo equipo que más del 75% del dinero se había pagado en Suiza y que la operación se materializó de forma demasiado rápida.

El Gobierno de Cifuentes ya forzó la destitución de tres directivos que participaron en la compra

A la espera de que el Ministerio Público determine si hay responsabilidad penal, tres directivos que participaron en la operación de compra de Emissao ya han sido destituidos. En abril, el Ejecutivo de Cifuentes forzó la salida de Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de Inassa, tras aparecer su nombre vinculado a empresas en los papeles de Panamá y haber ocultado esta circunstancia al Gobierno regional por no considerarlo incompatible con su puesto en la empresa pública. El Confidencial desveló que Rodríguez Sobrino aparecía relacionado con tres sociedades bajo jurisdicción del antiguo paraíso fiscal de Hong Kong: Idra Drilling Equipment Holding Limited, Asia Drilling Equipment Holding Limited y Luntam Holding Limited. Las tres tienen su domicilio en Andorra la Vella y se dedican a la construcción de barcos.

No fue el único cese que se ha cobrado esta cuestionada operación. A principios de junio pasado, el consejo de administración del Canal de Isabel II destituyó también por “pérdida de confianza” a otros dos altos cargos – la directora financiera y de desarrollo de negocio, María Fernanda Richmond, y el director de Recursos Humanos, Fernando Cevallos- que participaron en la compra de la citada compañía brasileña.

“En el primer informe observamos procedimientos anómalos y por eso no era razonable que dos personas que han tenido parte activa en el consejo como directivos siguieran, de ahí que hayamos tomado esta decisión. No hubo la diligencia debida”, señaló el pasado 7 de junio el portavoz del Ejecutivo autonómico y presidente del Canal, Ángel Garrido, para justificar los despidos de Richmond y Cevallos.

PSOE, Podemos y Ciudadanos han llamado la atención sobre el “silencio y explícita inhibición” de los órganos internos del grupo Canal -en alusión al comité de Auditoría- por el quebranto patrimonial sufrido y ha censurado que la Cámara de Cuentas de Madrid no haya realizado ninguna “fiscalización específica” a la empresa pública.

Deterioro de valor

“Con fecha 17 de mayo de 2016 se pidieron explicaciones a la directora financiera del grupo Canal sobre el extraño deterioro del valor de la empresa comprada. En ese momento, el deterioro, que ya alcanzaba varios millones, no fue reseñado ni denunciado ni pareció ser objeto de preocupación de los miembros del comité de auditoría, que se supone que es un órgano independiente del Grupo Canal que cuenta con todos los recursos. Es muy, muy extraño, que un simple y modesto diputado se capaz de detectar un quebranto, con un análisis de las cuentas económicas del grupo, y todo un comité de auditoría no detectase incidencia alguna en el grupo”, expone la denuncia.

La compra del paquete mayoritario de Emissao fue la última incursión en el extranjero del Canal de Isabel II, presente también -a través de empresas filiales que cuelgan del holding Inessa- en Colombia, Ecuador y República Dominicana. La principal concesión es la relativa a la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad colombina de Barranquilla, dando cobertura a más de una decena municipios del departamento del Atlántico.