La Abogacía del Estado ha apoyado ante el Tribunal Supremo la petición de Oriol Junqueras de salir de prisión el 17 de junio para acceder al acta de eurodiputado en contra del criterio de la Fiscalía, que entiende que la inmunidad que conseguiría podría obligar a paralizar el juicio del procés.

Esta nueva concesión del Gobierno a los presos independentistas se suma a la tesis subrayada por la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que encuadra los hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 2017 como delito de sedición porque, a su juicio, “no se puede equiparar la violencia con el uso de la fuerza”. La opinión de Seoane contrasta, una vez más, con los requerimientos de la Fiscalía, que defiende que lo que pasó en Cataluña fue un alzamiento violento y, por tanto, los acusados deben ser juzgados dentro del delito de rebelión.

La posición de la Abogacía coincide por tanto con la defensa de los acusados que, si bien han reconocido delitos de desobediencia en el procés, se negaron también a admitir la versión de la Fiscalía justificando en todo momento el carácter pacífico de un alzamiento en un contexto de tensión política.

Y es que, más allá de la diferencia en cuanto a las penas de cárcel, los delitos de sedición y rebelión se diferencian en que si bien el primero comprende todas aquellas decisiones y actos que fueron en contra de una suspensión expresa aprobada por el Tribunal Constitucional para proceder a una resolución encubierta e ilegal de independencia -castigado con hasta 15 años de prisión por encuadrarse exclusivamente en delitos de orden público-, el segundo implica un alzamiento “violento y público” con el fin de declarar la independencia en una parte del territorio nacional, castigada con hasta treinta años de prisión.

En su escrito ante el alto tribunal, la abogada del Estado cree que corresponde a la Junta Electoral Central, y no al Parlamento Europeo, valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho español que pueden afectar a los candidatos electos y, en concreto, si queda suspendido por estar procesado por rebelión, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Abogacía del Estado pide que el traslado de Junqueras a la Cámara se haga en las mismas condiciones de custodia y con las mismas limitaciones que el día de la constitución del Congreso y que se envíe a la Junta Electoral Central el auto de conclusión del sumario de la causa del procés y la comunicación de la presidenta del Congreso por la que se declaró a Junqueras automáticamente suspendido como diputado español.

A su juicio, debe autorizarse su salida de prisión para jurar o prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central para “no menoscabar la titularidad del derecho de participación política” del ex vicepresidente de la Generalitat y “hacer posible la práctica de los actos indispensables para la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo”.

La Fiscalía esgrimió que cuando Junqueras fue elegido diputado no fue necesario solicitar el suplicatorio al Congreso porque ese trámite sólo es exigible en los momentos previos a la inculpación o el procesamiento, pero que, de acuerdo con el reglamento interno de la Eurocámara, sí habría que dar ese paso en el Parlamento comunitario para retirarle la inmunidad.

A su juicio, el objetivo del ex vicepresidente de la Generalitat es “sortear la suspensión funciones” que ya se ha acordado para él como diputado en el Congreso. Pero la Abogacía sostiene que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, “el Parlamento europeo carece de margen de apreciación para cuestionar la proclamación de electos que efectúe la autoridad electoral del Estado miembro”.

Además, asegura, la “extensión de los privilegios o inmunidades” que pueda invocar Junqueras “vendrán determinados por la extensión que les reconoce el derecho español”.

Este miércoles se celebra previsiblemente en el Tribunal Supremo la última jornada, la número 52, del juicio del procés con la continuación de las conclusiones de los abogados defensores y el turno a la última palabra de los acusados. La resolución no se espera hasta después del verano, en la que el Tribunal deberá resolver las peticiones de pena pedida por las diferentes acusaciones.