Política

Vox pregunta al Gobierno si ha pedido ya a Bélgica que detenga a la etarra Jáuregui

El partido registra una iniciativa en el Congreso después de que el TEDH condenara a Bélgica por no cooperar con España / La Audiencia Nacional quiere interrogar a esta prófuga de la Justicia por el asesinato de un teniente coronel de la Guardia Civil

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Vox pregunta al Gobierno si ha pedido ya a Bélgica que detenga a la etarra Jáuregui
Dolores Delgado, ministra de Justicia en funciones.

Dolores Delgado, ministra de Justicia en funciones. EP

Resumen:

Vox ha preguntado al Gobierno si ha cursado ya una nueva orden de detención a las autoridades de Bélgica para lograr la entrega de Natividad Jáuregui, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya condenado al país centroeuropeo por no cumplir con su «obligación de cooperar» con España para investigar y juzgar la posible participación de la etarra en el asesinato del teniente coronel de la Guardia Civil Ramón Romeo en 1981.

En una iniciativa parlamentaria registrada este miércoles, la formación que lidera Santiago Abascal lanza una batería de preguntas al Ejecutivo en funciones para conocer qué trámites está llevando a cabo a fin de que Jáuregui salde las deudas que tiene con la Justicia española.

De entrada, Vox quiere saber las medidas que ha adoptado el Gobierno antes de que el TEDH dictara a principios de julio la sentencia por la que condena a Bélgica por falta de cooperación en la investigación seguida en España contra esta etarra -afincada en Gante desde los años 80- a fin de conseguir su entrega para juzgarla.

El grupo parlamentario exige conoceer qué trámites ha puesto en marcha el Gobierno después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitiera su veredicto y, en concreto, si ha remitido ya una nueva orden de detención y entrega a las autoridades belgas con el propósito de que Natividad Jáuregui deje de ser prófuga de la Justicia española al cabo de casi cuatro décadas. De no haberla tramitado, Vox quiere conocer el «motivo» por el que no lo ha hecho y el «plazo» en que piensa a llevarlo a cabo.

El partido de Abascal registra una iniciativa en el Congreso semanas después de que el TEDH condenara a Bélgica por no cooperar con España

«Si las autoridades belgas rechazan, por tercera vez, la orden europea de detención y entrega, alegando nuevamente riesgos fundados de vulneración de derechos fundamentales de la presunta etarra en España, ¿va a aceptar el Gobierno de España dicha negativa? En caso negativo, ¿qué medidas pretende adoptar? De manera particular, ¿demandará el Gobierno de España el Ejecutivo belga por el incumplimiento de la orden europea de detención y entrega ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?», preguntan los diputados Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros. Éstos también quieren conocer por qué España no demandó a Bélgica tras los incumplimientos de las órdenes cursadas en 2013 y 2015.

Antigua integrante del comando Vizcaya, la Audiencia Nacional quiere interrogar a Natividad Jáuregui por el asesinato del teniente coronel Romeo -ocurrido en 1981 cuando salía de misa de la Basílica de Begoña en Bilbao-, por un delito de estragos terroristas cometido en los ochenta y por el ametrallamiento de dos coches de la Guardia Civil en 1981 en la capital vizcaína.

Riesgo «concreto y real»

En una sentencia publicada el pasado 9 de julio, los magistrados del TEDH ha concluido que los tribunales belgas no llevaron a cabo los procedimientos oportunos para encontrar un motivo que les llevara a rechazar la entrega de Jáuregui, lo que ha impedido a la Audiencia Nacional investigar el asesinato del citado oficial de la Guardia Civil.

Estrasburgo censura que las autoridades belgas ni siquiera trataran de encontrar un ejemplo de ese posible riesgo de vulneración de derechos o cualquier deficiencia en las condiciones del encarcelamiento en España. Así, consideran que Bélgica «debería haber pedido información complementaria» sobre el régimen de detención que habría tenido la etarra en España con el objetivo de «comprobar» si existía riesgo «concreto y real» de vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos.