Fue director de la Hacienda de Guipúzcoa durante doce años, entre 1991 y 2003, cargo que abandonó para ejercer como senador del PNV en la Cámara Alta en la legislatura 2004-2007. Dos años más tarde, su nombre apareció en todos los medios de comunicación tras la denuncia de la Fiscalía acusándole de participar en una operación de fraude fiscal que hoy, diez años más tarde, le sienta en el banquillo.

Victor Bravo se enfrenta a una petición de condena de hasta nueve años de prisión y la devolución de 1,8 millones de euros acusado de ser cooperador necesario para simular el domicilio social guipuzcoano de una sociedad de Tarragona en la que tenía participaciones y acogerse así a la sustanciosa reducción del Impuesto de Sociedades previsto para las empresas reconocidas como beneficiarias del ‘Régimen Especial de Sociedades de Promoción de empresas de Guipúzcoa’. De esta forma, la sociedad podía acogerse al pago del 1% en concepto de Impuesto de Sociedades frente al 28% que debería abonar en caso de estar sometida al régimen común estatal.

Se da la circunstancia de que Victor Bravo es hermano de José María Bravo, quien fuera director de la Hacienda guipuzcoana en Irún y que en 2012 fue condenado a 11 años de prisión y la devolución de 1,9 millones de euros por un delito de apropiación de los fondos abonados por empresas morosas. Según la sentencia, Bravo exigía reclamaba el pago de la deuda en metálico a cambio de una rebaja y parte de cuyo importe ingresaba posteriormente en sus cuentas.

El juicio que ha comenzado esta mañana en los juzgados de lo penal de San Sebastián sienta además de al ex senador del PNV a otros dos encausados, el administrador de la sociedad Glass Costa Este Salou, Fernando Isidoro Fernández, para que quien la fiscalía solicita la misma pena de 9 años de prisión y la devolución de los 1,8 millones, además de una multa de 3,4 millones de euros. La acusación ejercida por le Ministerio Fiscal y la Agencia Tributaria considera que todos los encausados actuaron de manera coordinada para lograr que la citada sociedad catalana pudiera simular su domicilio social en Guipúzcoa y poder así acogerse al régimen especial de tributación del impuesto de sociedades que estaba vigente en ese momento en la hacienda que Bravo conocía al detalle tras haberla dirigido durante doce años.

El 1% frente al 28%

Según la acusación, la citada sociedad se habría beneficiado de la medida durante los ejercicios 2003, 2004 y 2006, defraudando los citados cerca de 1,8 millones de euros. En el escrito de acusación se apunta a que haber simulado el domicilio social y haber logrado que de modo «expreso» la hacienda guipuzcoana le otorgara a la sociedad el régimen especial de tributación le permitió «cuantiosos beneficios». La medida le permitió a la empresa acogerse a la tributación reducida y no al tipo del 28% establecida en la hacienda estatal a la que debería haber hecho frente, según la acusación.

Fiscalía y Abogacía del Estado consideran acreditado, y así lo intentarán demostrar durante el juicio, que recurrieron para ello a domiciliar la sociedad en el despacho del tercer acusado de esta causa en la que se habrían domiciliado decenas de empresas. En al operación también se habrían valido de los domicilios de Bravo para simular la implantación de la sociedad catalana en Guipúzcoa, según la acusación.

Por su mparte, el ex senador,que ejercerá su propia defensa ante el tribunal, mantiene que el capital de Glass Centro Este Salou es 100% guipuzcoano y que él no facilitó la comisión de ninguno de los delitos que se les imputan. Subraya que énunca tuvo competencias ni de inspección ni de intervención, necesarias para la concesión del régimen fiscal especial.