La Fiscalía ha solicitado prisión incondicional para los siete miembros de los Comités para la Defensa de la República (CDR) que han pasado este jueves a disposición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por su presunta participación en los delitos de tenencia de explosivos, conspiración para el delito de estragos y de integración en
grupo u organización criminal de naturaleza terrorista con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública.

Desde primera hora de la mañana, García-Castellón ha escuchado en declaración a los siete detenidos el pasado lunes por la Guardia Civil en Cataluña. Dos de ellos sí han respondido a los interrogatorios y los otros cinco, que tienen la defensa coordinada por el mismo equipo jurídico, optaron por acogerse a su derecho a no declarar más allá de destacar en respuesta a sus letrados que no forman parte de ningún grupo terrorista.

El fiscal ha pedido prisión para incondicional para estos cinco, tal y como ha anunciado la abogada Eva Pous, que se encuentra a la espera de que el juez resuelva sobre esta petición de medidas cautelares. Fuentes jurídicas añaden que también se ha instado prisión en el caso de los dos que sí habían contestado al interrogatorio y están representados por abogados de oficio.

La petición se ha elevado al término de cada una de las comparecencias en aplicación de lo previsto en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) sobre medidas cautelares. Los cinco que comparten estrategia de defensa sólo han contestado a sus abogados para incidir en que no tienen ninguna vinculación con el terrorismo y que son personas "normales y corrientes".

La Fiscalía aprecia delitos de tenencia de explosivos, conspiración para el delito de estragos y de integración en
grupo criminal de naturaleza terrorista

Los otros dos, por su parte, ya prestaron declaración en dependencias policiales y reconocieron que tenían conocimiento de que se había comprado material compatible con la fabricación de explosivos y se habían hecho pruebas con él, si bien negaron que el objetivo fuese terrorista.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión para los 7 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) "ante el riesgo" de que materializasen "las conductas que planeaban" de cara al 1-O y que califica de integración en grupo de naturaleza terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos.

Según ha anunciado en una nota de prensa el portavoz y teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, su petición de prisión, que ahora debe resolver el juez, se ha fundamentado además en la gravedad de las penas que esos delitos conllevan.

"Meter ruido" el 1-O

La Fiscalía, que en un comunicado a raíz de la Operación Judas señaló que se les imputaba también el delito de rebelión, considera, tras la toma de declaración, que los siete detenidos supuestamente integraban "una organización criminal de naturaleza terrorista con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública".

Carballo, para el que finalmente ha decaído el delito de rebelión que en principio se les imputaba, ha pedido el ingreso en prisión provisional y sin fianza de estos siete detenidos tras su comparecencia este jueves ante el juez Manuel García-Castellón, celebrada después de que dos de ellos admitieran ante la Guardia Civil haber comprado y hecho pruebas para la fabricación de artefactos para "meter ruido" el 1-O.

Tras conocer la petición del fiscal, el juez ha celebrado las respectivas vistillas para la adopción de medidas cautelares, y después de escuchar a las partes -Fiscalía y defensas- adoptará una decisión.

Dos de los detenidos, que han comparecido con abogados de oficio, admitieron ante la Guardia Civil, antes de pasar ante el juez, su participación en la adquisición de varias sustancias para elaborar mezclas con las que fabricar explosivos caseros, tras serles mostrados vídeos y documentos gráficos en los que aparecen algunos de los arrestados.

Los otros cinco, representados por letrados de Alerta Solidaria, se han limitado a contestar a preguntas de sus respectivos abogados para negar haber participado en actividades terroristas como les acusa la Fiscalía.