El Tribunal Superior de Justicia de Galicia lleva a juicio a una trabajadora del servicio de admisiones del Hospital General Cíes de Vigo por consultar una y otra vez entre 2012 y 2014 el historial clínico de su hija, con la que no se hablaba.

Ambas llevaban años enemistadas, según fuentes del caso consultadas por El Independiente. Aún así, la madre (hablemos de María para preservar su intimidad y presunción de inocencia) habría aprovechado su puesto como personal estatutario del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) para acceder hasta 68 veces a la historia clínica de su hija, que en aquellas fechas tenía entre 25 y 27 años.

La hija envió numerosos escritos al SERGAS en los que denunció accesos indebidos a su historia clínica

La hija envió «numerosos escritos» al SERGAS en los que denunció «accesos indebidos a su historia clínica, incluido alguno en el que facilitó el nombre de la acusada», según se recoge en la información de la causa. Como no le hicieron caso, la joven dirigió una querella contra su madre por descubrimiento y revelación de secretos por funcionario público ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo puesto que nunca le dio, según sostiene, autorización para realizar dichas consultas.

Absuelta en marzo

El caso ya se instruyó y se juzgó a la funcionaria. El pasado marzo, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó una sentencia absolutoria para ella. Los magistrados consideraron probado que la madre «haciendo uso de su usuario y clave de acceso personal al sistema de almacenamiento de historias clínicas electrónicas (IANUS) del citado servicio público de Salud, realizó desde su puesto de trabajo en la sección de Admisiones del Hospital Xeral Cíes sito en la ciudad de Vigo un total de 68 accesos a la historia clínica electrónica de su hija, mayor de edad». Sin embargo, la sentencia concluyó que «no se ha acreditado que dichos accesos se realizaron por la acusada sin consentimiento de su hija».

Tanto la hija, por medio de asistencia letrada de oficio, como la Fiscalía, recurrieron en apelación la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Recriminaron al Tribunal que dijera que la acusación no había probado que la madre no estaba autorizada cuando «quien tendría que acreditar que tenía tal autorización era ella», afirman fuentes jurídicas. De ahí que en su recurso solicitaran que se anulara la sentencia en lugar de reclamar una condena para la acusada.

Ahora, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia da la razón a las acusaciones, anula la sentencia y obliga a repetir el juicio contra la funcionaria que, salvo que recurra ante el Tribunal Supremo la decisión del TSJ gallego y éste lo admita, se sentará en el banquillo acusada de un presunto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión e inhabilitación absoluta de entre seis y doce años.