Un agente de la Policía Nacional, en acto de servicio.
Policías nacionales desplazados a Cataluña ante la posibilidad de que puedan registrarse incidentes cuando se conozca la sentencia del procés dicen tener una "sensación de desamparo jurídico" por las consecuencias penales que puedan acarrearles una eventual actuación al no haber emitido la Secretaría de Estado de Seguridad una "mínima instrucción" que les dé cobertura.
En pleno despliegue de efectivos ante la inminencia del fallo del Tribunal Supremo, la Confederación Española de Policía (CEP) ha transmitido ya esta "preocupación" a la Dirección General de la Policía para que la ponga en conocimiento del Ministerio del Interior. La organización sindical también demanda una gratificación extraordinaria para los funcionarios que participan en este operativo a fin de que se reconozca el trabajo que desempeñarán en defensa de la "legalidad y los derechos y libertades de todos los ciudadanos".
En su escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, la CEP recuerda que, cuando Interior planificó en el otoño de 2017 el dispositivo extraordinario con motivo del referéndum del 1-O, los policías nacionales y los guardias civiles movilizados tenían "un doble mandato habilitante" que amparaba su actuación profesional.
De un lado, las resoluciones que dictaron la Fiscalía Superior de Cataluña y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que los agentes impidieran la celebración de la consulta ilegal. Y, de otro, la instrucción operativa que el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, sacó tres días antes del referéndum de autodeterminación brindando "amparo jurídico" y detallando cuál debía ser la "forma de intervención" en caso de que los Mossos d'Esquadra -el Cuerpo que tiene asignadas las competencias en materia de seguridad ciudadana en dicha comunidad- requirieran su ayuda.
"Nada de esto ocurre ahora y tenemos que recordar que son los policías nacionales quienes deben acudir a los juzgados en caso de denuncia, como así ha ocurrido en alguno de los 83 procedimientos abiertos en seis juzgados de Instrucción de Cataluña por denuncias contra los compañeros", expone.
El sindicato CEP traslada a la dirección de la Policía Nacional la “preocupación” del colectivo por no haber dictado Interior una orden que les blinde
A este respecto, la CEP llama la atención sobre el hecho de que sólo el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona tramita "35 piezas distintas" por la actuación llevada a cabo por policías nacionales en la capital catalana el 1-O en cumplimiento del mandato judicial, no pasando por alto que en algunos de esos procedimientos están ejerciendo la acusación el Ayuntamiento barcelonés o la Generalitat de Cataluña.
El precedente del 1-O y sus consecuencias es lo que ahora lleva a los agentes a airear su sensación de "desamparo jurídico", en un intento de evitar "problemas" en el futuro si se requiere la actuación de policías nacionales ante "estrategias organizadas de denuncia o de intervenciones ante células violentas".
La CEP plantea otra reivindicación en el escrito enviado este jueves al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. También demanda la aprobación de una "gratificación extraordinaria (productividad)" o que los funcionarios que han sido movilizados desde otros destinos perciban unos "servicios extraordinarios mínimos" para que el desarrollo de este refuerzo "no acabe" costándoles el dinero dada la exigua cuantía de la dieta que percibirán y el "alto coste de vida" en Cataluña.
Aumento de la dieta
El sindicato plantea este pago adicional ante la imposibilidad -por falta de tiempo- de que la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) autorice un aumento del importe de la dieta, como sí se hizo con motivo del despliegue planificado por la Secretaría de Estado de Seguridad en vísperas del 1-O (Operación Copérnico).
Según establece el decreto que regula las indemnizaciones por razón del servicio, la cuantía de la dieta asciende a 48,92 euros para alojamiento y 28,21 euros para gastos de manutención en el caso de los funcionarios de la escala básica (policía y oficial de policía). Estas cantidades no se revisan desde el año 2005.
"La opción de disponer ahora del 100 % de la dieta en una comunidad autónoma como Cataluña y la referencia inconcreta a unos servicios extraordinarios creemos que es muy insuficiente para compensar la relevancia de las funciones que asumirán los compañeros allí", sostiene la CEP.
La demanda de un pago extraordinario para los agentes que Interior ha movilizado ahora ante la posibilidad de que puedan producirse alteraciones de orden público cuando se conozca la sentencia del procés también la defiende la Unión Federal de Policía (UFP), otro de los cinco sindicatos representativos en el Cuerpo Nacional. Esta organización va más allá y reclama que sea la Generalitat y no el Estado quien sufrague el coste de este refuerzo policial.
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