Política

Zoido desvela que el despliegue policial por el 1-O costó 87 millones de euros al Estado

El ministro Juan Ignacio Zoido, en la Comisión de Interior del Senado este jueves.

El ministro Juan Ignacio Zoido, en la Comisión de Interior del Senado este jueves. EP

El despliegue policial desarrollado por el Ministerio del Interior en Cataluña ante la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O ha supuesto un coste para el Estado de al menos 87 millones de euros, entre gastos de alojamiento y las dietas abonadas a los policías nacionales y guardias civiles que participaron en el operativo extraordinario.

Así lo ha revelado este jueves el ministro Juan Ignacio Zoido durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado para detallar la operación que las fuerzas y cuerpos de seguridad desarrollaron en dicha comunidad entre el 20 de septiembre -en vísperas de la consulta independentista- y el 30 de diciembre, después de la celebración de las elecciones autonómicas del 21-D. La oposición criticó la «falta de planificación» del dispositivo y la «violencia» registrada en la actuación policial el día de la consulta ilegal.

Como informó El Independiente, Interior había cifrado inicialmente el coste de este operativo en unos 31,77 millones de euros (el grueso en concepto de productividad a policías y guardias civiles), dado que había previsto que el refuerzo se mantendría sólo hasta el 5 de octubre. La celebración de la consulta pese a ser prohibida por el Tribunal Constitucional y los hechos sucedidos el 1-O llevó a Interior a prolongar el dispositivo, máxime tras la declaración unilaterial de independencia por parte del Parlament y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución para tratar de restituir el orden constitucional en Cataluña.

El refuerzo en Cataluña en los días clave llevó a movilizar a 6.000 agentes, que se sumaron a los otros 6.000 policías y guardias civiles destinados en esta comunidad

Junto al coste económico de la Operación Copérnico, Zoido ha desvelado otro detalle que su departamento mantenía en secreto hasta ahora. La Policía Nacional y la Guardia Civil llegaron a movilizar a 6.000 agentes en los días inmediatamente anteriores y posteriores al 1-O, integrando la plantilla estable unos 4.500 funcionarios. Éstos se sumaron a los más de 6.000 agentes destinados en Cataluña, lo que hace que la presencia policial estuviera compuesta por 12.000 efectivos en algunos momentos. Y ello sin contar a los 17.000 funcionarios que integran la plantilla de los Mossos d’Esquadra.

Frente a las críticas, el ministro del Interior ha considerado «acertada» la decisión adoptada por la Secretaría de Estado de Seguridad de alojar al grueso del contingente desplazado en barcos porque ello permitía disponer de un hospedaje para los funcionarios policiales de alta capacidad, prolongado en el tiempo y que facilitaba la «rápida movilización» de las unidades desplegadas.

Durante su comparecencia en la Cámara Alta, Zoido ha hecho una defensa encendida de la actuación desplegada por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña el 1-O y la ha calificado de «legítima, profesional y proporcionada». El ministro ha insistido en varios ocasiones en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se limitaron a tratar de que se cumplieran las instrucciones dictadas por los jueces y la Fiscalía a fin de que se impidiera la celebración del referéndum secesionista.

En un detallado relato de los hechos, el titular de Interior ha subrayado que el plan coordinado entre los tres Cuerpos -Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra- en las vísperas del 1-O atribuía a la Policía de la Generalitat el precinto de los centros oficiales designados por el Govern como puntos de votación y la incautación de efectos electorales para impedir que se consumara la consulta.

En este sentido, Juan Ignacio Zoido ha indicado que, en dichas reuniones, los responsables operativos de los Mossos habían comunicado verbalmente que habían diseñado un amplio dispositivo que incluía el refuerzo de agentes y la prolongación de su jornada de trabajo, al tiempo que ha recordado cómo mandos de la Policía Autonómica habían aportado «voluminosas carpetas» con las minutas que demostrarían el trabajo que los agentes de este Cuerpo estaban llevando a cabo para tratar de dar cumplimiento al mandato judicial.

Zoido insiste en que la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el día del referéndum ilegal fue «legítima, profesional y proporcionada»

Frente a ello, el ministro ha destacado la actitud de «absoluta pasividad» que los Mossos d’Esquadra mantuvieron ante la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, movilizados en principio para dar apoyo a la Policía de la Generalitat -titular de las competencias en materia de seguridad ciudadana en Cataluña- en caso de que ésta lo requiriera. «Quizá si todos hubiesen cumplido con su obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar», ha subrayado.

Zoido ha dicho que las fuerzas de seguridad del Estado hicieron un «uso mínimo y proporcionado» de la fuerza para hacer cumplir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que la prioridad fue en todo momento la seguridad de las personas que se concentraban en los centros de votación y de los propios agentes. Este criterio le llevó a desistir en el desalojo y cierre de colegios para tener el «menor impacto posible» entre los ciudadanos, entre los que se infiltraron -ha dicho- «radicales» en un plan organizado para obstaculizar la labor policial.

De acuerdo con sus datos, la Policía Nacional y la Guardia Civil lograron desactivar 113 centros de votación, a los que se suma otro centenar que no llegaron a abrir sus puertas o que cerraron al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad. Y si llegaron a utilizar defensas, ha justificado, fue por la actitud violenta que encontraron a su llegada o cuando trataban de replegarse.

En este sentido, Zoido ha desacreditado los datos ofrecidos por los Mossos, que dijeron que habían conseguido que no llegaran a abrir 297 puntos y que evitaron la votación en otros 29 locales. Frente a esta actividad, el titular de Interior ha precisado que en 149 de los 948 municipios catalanes se contabilizaron más votos que personas había censado, poniendo como ejemplo el caso de la localidad barcelonesa de Polinyá: 5.910 personas censadas y 10.215 sufragios.

El ministro ha expresado que lamenta «como el que más» los heridos registrados la jornada del 1 de octubre, de lo que responsabilizó el «comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal» de los independentistas al promover un «clima de crispación y desobediencia». Zoido también ha denunciado la «manipulación informativa» que se ha constatado, al utilizar los soberanistas datos e imágenes falsas para atacar las actuaciones de las fuerzas de seguridad.

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