Los investigadores policiales no tienen dudas de la “connivencia” existente entre la cúpula de los Mossos d’Esquadra y los organizadores del referéndum de autodeterminación, lo que posibilitó que la consulta ilegal se llevara a cabo “con total normalidad” y que la Policía de la Generalitat pudiera “maquillar” los datos sobre sus actuación el 1-O para justificarse ante los jueces.

La investigación sobre el 1-O desmonta la versión ofrecida por los Mossos en el informe entregado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que detallaba la intervención realizada aquel día en cumplimiento de las órdenes recibidas por jueces y fiscales para evitar que se celebrara el referéndum. Según la Policía Autonómica, el 1 de octubre detuvo la votación que se desarrollaba en 99 colegios electorales y se incautó de más de 400 urnas distribuidas en 141 centros de votación, además de papeletas, material informático y documentación relacionada tanto con el censo como con la preparación de las mesas electorales.

Las cifras aportadas por los Mossos no se corresponderían con la realidad y se habrían “maquillado” para intentar acreditar ante los jueces que, lejos de lo que mantienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sí actuaron el 1-O. Tratan así de evitar que a mandos y agentes se les pueda imputar un delito de desobediencia por no cumplir la orden judicial.

Los Mossos dijeron que detuvieron la votación en 50 colegios, pero la Generalitat incluyó los ‘síes’ en su recuento

Fuentes policiales dijeron que 50 de los 99 colegios electorales en los que supuestamente la Policía Autonómica catalana habría detenido la actividad corresponden a municipios pequeños en los que sólo hay un centro de votación y, sin embargo, la Generalitat los incluyó entre los que hubo recuento de votos. No sólo eso. En el 82% de esos 50 centros (41) se contabilizaron más síes que personas censadas, lo que desacredita los resultados anunciados por la Generalitat.

Igualmente se ha constatado la existencia de tres localidades con dos centros de votación teóricamente cerrados por los Mossos cuyos votos a favor de la independencia constan también como contabilizados en los resultados oficiales del Ejecutivo catalán.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en informes aportados a la magistrada del TSJC que investiga la querella de la Fiscalía contra Puigdemont y su gobierno por la convocatoria del referéndum, ya pusieron de manifiesto cómo en muchos colegios electorales se entregaban las urnas a los Mossos que durante el día los habían ‘custodiado’ después de haberse realizado el recuento. Por las redes sociales se han difundido vídeos que constatan esta escena.

La Policía Autonómica se limitó a incautar tan sólo parte del material electoral para que se pudiera seguir votando

“La actuación de la Policía de la Generalitat se ha limitado o bien a incautar una parte del material y dejar otra para que se pudiera seguir votando, o bien solamente se incautó el material una vez se contabilizaron los votos”, sostienen.

Esa “connivencia” entre los organizadores del 1-O y la Policía Autonómica posibilitó que los promotores de la consulta pudieran llevarla a cabo “con toda normalidad” y que los Mossos pudieran presentar datos de su actuación ante el alto tribunal catalán “a modo de justificación”.

“Hubo una actuación previamente acordada por los organizadores del referéndum y la cúpula de la Policía de la Generalitat con una doble finalidad, que los Mossos pudieran ‘maquillar’ ante jueces y fiscales un determinado número de actuaciones y que los organizadores del referéndum anulado por el Tribunal Constitucional pudieran incumplir las leyes y el Estado de Derecho con total impunidad celebrando el referéndum con total normalidad”, concluyen.

“Cadena de mando”

Los investigadores consideran que la “utilización política” que la Prefectura de los Mossos d’Esquadra está realizando de la Policía, con el despliegue de un dispositivo “ineficaz” para aparentar que cumplía la orden del TSJA, ha quedado “demostrada totalmente” con los comunicados difundidos por las dos organizaciones sindicales con mayor representación en este cuerpo policial -el Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) y el Sindicato Autónomo de Policía (SAP)- en los que piden a la cúpula que asuman las instrucciones impartidas con motivo del 1-O ante las responsabilidades penales que puedan derivarse de las mismas: “Los agentes que participaron en el dispositivo del 1-O simplemente cumplían órdenes de su cadena de mando”.