El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) asume la investigación sobre la preparación del 1-O en el marco de la causa abierta tras las querellas interpuestas por la Fiscalía Superior de Cataluña contra Carles Puigdemont y el resto del Govern por la convocatoria del referéndum, de modo que el Ministerio Público cesará en las actuaciones que venía realizando para frenar los preparativos. El alto tribunal catalán, además, ordena a los cuerpos policiales que impidan el uso de locales públicos para organizar la consulta y que obligue a cerrar los que se hubieran llegado a abrirse para la votación.

Así lo ha acordado la magistrada Mercedes Armas en un auto fechado este miércoles, en el que avala la postura del fiscal y ratifica que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ejerza las labores de coordinación sobre los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional, en cumplimiento del artículo 46.2 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 46.2) y del real decreto que regula la nueva estructura del Ministerio del Interior (artículo 2.3.a).

El artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece que el fiscal cesará en sus diligencias “tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos”. Y es lo que ha determinado la magistrada de la Sala Civil y Penal del TSJC. Hasta el momento, la Fiscalía Superior de Cataluña había dictado ocho resoluciones con medidas para evitar el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, entre ellas una en la que ordenaba a los Mossos d’Esquadra que precintaran los colegios electorales.

El fiscal cesa en sus actuaciones al existir un procedimiento judicial ya en marcha por los mismos hechos

En su auto, la juez ordena la adopción de diversas medidas para evitar que pueda llevarse a cabo la votación este domingo, como la prohibición de uso de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum del 1-O y que obligue a cerrar los que se hubieran podido abrir para la votación. Mercedes Armas ha acordado esta medida cautelar, en la que también ordena requisar todo el material relacionado con el 1-O que pueda hallarse en el interior de esos locales públicos.

La magistrada adopta estas medidas ante la “clara inobservancia” por parte de los miembros del Govern de las decisiones del Tribunal Constitucional y también de las órdenes que dio de cerrar webs del Govern y que han sido “burladas” mediante la creación de nuevas páginas donde se disponen centros de voto y se afirma que la consulta va a celebrarse. En su resolución, la juez manda a los cuerpos de seguridad que, de manera coordinada, impidan desde hoy hasta el domingo que estos locales de titularidad pública o en los que se presta algún servicio público se usen para la preparación de la consulta. El día 1 de octubre, indica, “se impedirá su apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a aperturarse”.

La decisión de la juez se ha producido el mismo día en que el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha avisado de la dificultad de cerrar centros públicos en funcionamiento, como centros de salud o geriátricos, y se ha quejado de que fuera el fiscal, y no un juez, quien estuviera ordenando el cierre de los centros. En este sentido, la magistrada indica que si las votaciones se prevén en edificios con servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, solo se clausurarán las dependencias en las que se produzca la votación.

El alto tribunal catalán avala que el mando de Interior coordine a los tres cuerpos policiales

“Se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que les sean propios”, indica. También ordena a los cuerpos de seguridad, como ya hizo la Fiscalía, requisar todo el material relacionado con la consulta que se pretenda introducir en los locales o ya esté allí, “incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento de los delitos que se investigan”.

Otros centros públicos que manda cerrar son los que se usen como “infraestructura logística o de cálculo”, como centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos. Todo ello lo deben realizar los tres cuerpos, destaca, “conjuntamente para la efectividad de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo necesario”, y cuando sea necesario contarán con el apoyo de la Guardia Urbana y de las policías locales.

Para que se garantice el buen funcionamiento de esta actuación conjunta, la magistrada establece que las fuerzas de seguridad responderán al Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigido por Diego Pérez de los Cobos, pese a la resistencia de los Mossos a ser dirigidos desde el ministerio del Interior. “La situación que se presenta en la jornada del día 1 de octubre en todo el territorio de Cataluña aconseja aunar las fuerzas de los diferentes cuerpos policiales, que deberán actuar conjuntamente para el cumplimiento de lo ordenado”, afirma la jueza del TSJC.

La Fiscalía pide impedir emplear el material electoral

Al mismo tiempo, la Fiscalía de Cataluña ha ordenado a las policías locales tomar las medidas oportunas para impedir que el material electoral perteneciente al Estado que guardan los ayuntamientos catalanes, como urnas, pueda ser empleado para el referéndum del 1 de octubre.

En dos instrucciones dictadas este miércoles 27 de septiembre, a cinco días del referéndum, a las que ha tenido acceso la agencia Efe, el ministerio público ordena a las policías locales, la Guardia Civil y la Policía Nacional que colaboren con los Mossos d’Esquadra, si así se les solicita, para precintar los centros de votación del 1-O.

Por otro lado, los Mossos consideran que precintar colegios electores puede causar graves alteraciones del orden público y se plantean no acatarla, alegando su incapacidad material para llevar a cabo la tarea. La orden, no obstante, incluye que si los Mossos no pudieran hacer frente a la tarea, deberán pedir el refuerzo de las policías locales y, en última instancia, de Policía Nacional y Guardia Civil.